La juez 30 penal, Celia Marín Sasaki, dictó auto de formal prisión contra el gerente del Bar Bar, Carlos Cázares Ocaña, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en la agresión contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas, ocurrida en el interior de ese antro el 25 de enero de este año.

Así, Cázares Ocaña es el único de los empleados del establecimiento implicados en la agresión contra el jugador del equipo América que continuará encarcelado, toda vez que el ilícito del que se le acusa es considerado grave y no alcanza libertad bajo fianza.

Los otros seis trabajadores, quienes, aunque el juzgado 41 de paz penal también les dictó auto de formal prisión por el delito de encubrimiento por favorecimiento –considerado no grave–, seguirán su proceso en libertad luego de estar menos de 48 horas en el Reclusorio Oriente, ya que desde la semana pasada cada uno pagó una fianza de 50 mil pesos. En esta misma situación se encuentran dos empleados más que nunca pisaron la cárcel debido a que tenían un amparo.

Ayer, en la rejilla de prácticas, Cázarez Ocaña fue informado de la resolución de la juez, contra la cual la defensa del gerente del Bar Bar, encabezada por el abogado Juan Antonio Araujo, solicitará un amparo, ya que, aseguró, no hay elementos que acrediten que su defendido sea cómplice del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa.

Falta definir la situación jurídica de los tres policías auxiliares del estado de México que escoltaban a José Jorge Balderas Garza, El JJ, presunto agresor del deportista, el día de los hechos, y contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya solicitó órdenes de aprehensión, pues estima que el ataque contra Cabañas fue una acción concertada y que los elementos policiacos pueden ser coparticipes del ataque.

Por la mañana, la PGJDF realizó un inventario en el Bar Bar, el cual será integrado a la averiguación previa, según informó el procurador capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa. Esta acción fue cuestionada por el representante legal del establecimiento, Jorge Antonio Domblas, quien dijo que no fueron notificados y que en realidad las autoridades pretendían llevarse el mobiliario del local.

El abogado consideró el hecho como arbitrario, toda vez que, aseguró, desde el 15 de febrero solicitó de manera formal poder retirar la documentación de contabilidad y administrativa que se encuentra en el antro, para cumplir compromisos adquiridos por la empresa Resybar con terceros, como pago de nómina, Infonavit y caja de ahorro.

Mientras, el titular de la PGJDF señaló que, pese a la recuperación que ha mostrado Salvador Cabañas, a más de un mes de recibir un impacto de bala en la cabeza, aún no hay fecha para que declare ante el Ministerio Público en torno a lo sucedido, por lo que se está a la espera de que el servicio médico legal acredite que está en condiciones para hacerlo. Agregó que hasta el momento no se ha podido definir el móvil de la agresión.