l anunciarse la decisión de establecer, en algún momento indeterminado de los dos años por venir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –un nuevo organismo en busca de un acrónimo pronunciable– fue inevitable recordar una bien cimentada tradición de las naciones hispanohablantes que la constituyen: cuando sus gobiernos enfrentan, en lo nacional o en lo externo, una situación que no saben bien cómo manejar, por lo general acuden al canal institucional: en lo interno, transforman la Secretaría de Asuntos Generales en el Ministerio General de Asuntos; en lo internacional, reforman el estatuto, modifican la membresía y suman o restan funciones a un órgano multilateral prexistente o, en el extremo, fundan otro. En ninguno de los casos se agrega nada sustantivo, más allá de la volátil materia que brinda soporte a discursos y declaraciones. En lugar de reconstruir el edificio, se procede a dar un nuevo acomodo al mobiliario y a pintar la fachada, para acoger, si se puede con letras de oro, la nueva designación. Como señaló recientemente Antonio Muñoz Molina, en el mundo hispánico no deja de engrosarse una torrentera de palabrería que no ha cesado en dos siglos, una biblioteca de legislaciones fantásticas que pasaron a toda velocidad del pergamino al papel mojado.

La experiencia se repitió –entre exabruptos previsibles y exhortaciones pías– a finales de febrero en la Riviera Maya, ese ejemplo de irrefrenable deterioro ambiental que Calderón califica de sublime rincón, según dijo al ofrecer una cena. Para responder al reclamo histórico de integración, un reclamo bicentenario, se acudió al expediente de sumar el Grupo de Río, que ha experimentado ampliaciones y reorientaciones diversas a partir del Grupo de Contadora hace 20 años, con la más o menos fantasmal Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), que se reunía apenas por segunda vez. Se anunció que la adición dará lugar a una comunidad con participación de todos los estados de América Latina y las Antillas. La reacción más repetida por numerosos analistas, que hicieron gala de agudeza, fue la de advertir que se excluía a Estados Unidos y Canadá, pasando por alto la sencilla razón de que no pertenecen a ninguna de las dos regiones constituyentes de la comunidad, aunque uno de ellos tenga posesiones coloniales antillanas. Los dislates a este respecto fueron abundantes: desde el anuncio, un tanto prematuro, de la sustitución o desaparición de la OEA hasta las referencias al atrevimiento y coraje de los 25 jefes de Estado o de gobierno asistentes, que osaban proceder sin las dos naciones avanzadas del continente. El anfitrión de la cumbre se sintió obligado a aclarar, en una plática televisada, que la comunidad acordada “no compite con la OEA ni con la vinculación que nosotros tenemos, afirmamos y seguiremos teniendo… con Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio”. ¡Qué alivio!

La declaración de la Riviera Maya distribuye 6 mil palabras en 94 párrafos: seis preambulares y 88 decisorios. Se encuentran, reiteradas una y otra vez, las palabras que no podían faltar: integración, cooperación, democracia y derechos humanos, entre otras. Los contextos en que se insertan, sin embargo, suelen ser insustanciales o de absoluta obviedad. Un ejemplo: reafirmar, como se hace en el párrafo decisorio 3, que la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el estado de derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países, carece de sentido si se plantea en abstracto, sin aludir a problemas reales ni incluir compromisos específicos para corregir las desviaciones advertidas. No se olvide que en el lapso transcurrido entre las anteriores y estas reuniones del Grupo de Río y de la CALC se registraron en América Latina y el Caribe un golpe de Estado, descuidos diversos de los derechos democráticos, interrupciones en la vigencia de las instituciones, situaciones que escaparon al imperio de la ley, violaciones repetidas de los derechos humanos y acciones discriminatorias en su ejercicio. Muchas de estas situaciones prevalecen, como lacras sistemáticas o permanentes.

Otro ejemplo: los tres párrafos dedicados a ciencia y tecnología, una de las áreas con mayor potencial de cooperación, son por completo etéreos y no se menciona ningún proyecto concreto. No se habla, tampoco, de la necesidad más evidente en el sector: destinarle mayores recursos. Según un informe reciente de la UNESCO, ningún país latinoamericano o caribeño, con excepción de Brasil, dedica a investigación y desarrollo más de 1 por ciento del PIB, la cota mínima aceptable mundialmente. Se habla, sin embargo, de empeñarse en que el importante desarrollo científico logrado en la región en el último decenio se pueda convertir en servicios, productos y procesos accesibles a las economías y a las sociedades de los países latinoamericanos y caribeños, por medio de políticas inclusivas de innovación (párrafo decisorio 29). Es esta una de las expresiones que llevan a dudar de que el documento haya sido revisado, o incluso leído, antes de adoptarlo. ¿Qué quiere decir políticas inclusivas de innovación?

Parece haberse establecido, de manera implícita, un plazo de hasta dos años para concretar la nueva comunidad. En los dos últimos decenios, los avances –no muchos ni demasiado espectaculares– de la integración se han concentrado en América del Sur. A partir de un muy ambicioso programa de infraestructura de comunicaciones, transporte y energía, predicado en la contigüidad geográfica, se han planteado diversos ámbitos de cooperación, desde el comercio hasta la seguridad colectiva. Ha habido muchos obstáculos y algunos no han sido salvados. Pienso que en el segundo decenio del siglo avanzará la integración sudamericana. Al norte, Canadá, México y parte de Centroamérica y las Antillas continuarán su integración asimétrica y dependiente con Estados Unidos. Lo demás, pergaminos y papel mojado.