La Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados presentará este jueves un punto de acuerdo ante el pleno legislativo, con la finalidad de exhortar al juez federal Gabriel García Lanz para que entienda que tener al pederasta Jean Succar Kuri, El Johnny, en el penal municipal de Cancún, Quintana Roo es sumamente peligroso, no sólo porque podría fugarse, sino fundamentalmente porque las niñas, niños y jóvenes que fueron sus víctimas recibirían un golpe emocional y sicológico terrible, irreparable, al saber que su victimario estaría otra vez tan cerca de ellos.

La diputada federal y presidenta de esa comisión, Rosi Orozco, buscó este miércoles a La Jornada para informar, directamente, que esta comisión especial que presido ha decidido de último minuto presentar un punto de acuerdo, exhortando al juez (García Lanz) para que reconsidere su decisión.

También exhortaremos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para que si ya no queda otra cosa más que trasladar a esta persona a Cancún, las autoridades garanticen que no se fugue durante o después del traslado, y que cuiden que (Succar) no atente contra la seguridad de sus víctimas.

Este diario reveló ayer que el juez García Lanz envió por telegrama un oficio el martes pasado a las autoridades administrativas del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, para ordenar que realicen los trámites necesarios, con la finalidad de que El Johnny sea transferido a la brevedad a la cárcel municipal de Cancún, considerado por las autoridades penitenciarias federales como uno de los más inseguros del país.

En ese contexto, la diputada Rosi Orozco –quien forma parte de la destacada Fundación contra la Trata de Personas y, ahora, como legisladora, ha pugnado por endurecer las leyes contra los delincuentes que atentan contra la salud mental y física de niños y niñas– calificó como una aberración jurídica la orden que dio el juez García Lanz de trasladar esta misma semana a Succar Kuri a Cancún.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) añadió que en el mismo punto de acuerdo a presentarse hoy “exhortaremos a las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y a la trata de personas.

Exhortaremos también a los poderes judiciales a que en los casos en que se amerite y, dentro del marco jurídico vigente, se imponga una sanción que sea congruente con la gravedad del delito de trata a las personas y, asimismo, invitaremos a los consejos de judicatura locales para que brinden una capacitación permanente a los jueces respecto a estos delitos, puntualizó.

De acuerdo con informes sobre el tema de trata de personas documentados por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU), se estima que en México existen entre 16 mil y 20 mil niños que son sometidos con fines de explotación sexual, de los cuales 80 por ciento son menores de 10 a 14 años.

Desde 2007, México cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que tipifica el delito, pero en la actualidad sólo un sujeto ha podido ser procesado por este ilícito.

Se trata de un delito que le corresponde combatir a las procuradurías estatales, no a la General de la República.