Entre críticas y cuestionamientos de senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Revolucionario Institucional (PRI), quienes expresaron preocupación por la violación de derechos laborales en que incurre el gobierno federal, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, aseguraron que se ha actuado de manera legal en el conflicto laboral de Cananea y que, luego de la reciente resolución judicial, la empresa Minera México está en su derecho de recuperar las instalaciones.

Al comparecer ante la comisión especial del Senado que da seguimiento a la huelga en Cananea, el más cuestionado fue el titular de la Secretaría del Trabajo, sobre todo por su afirmación de que la huelga de Cananea fue un instrumento de chantaje del dirigente Napoleón Gómez Urrutia, a quien acusó de pedir 100 millones de dólares como una de las condiciones para levantar el movimiento, lo que impidió, dijo, todo intento de conciliación.

Lozano reconoció que para decretar la terminación de relaciones laborales en Cananea –después de tres años de huelga– y en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se acudió a la misma figura de causas de fuerza mayor.

Ricardo Monreal y el diputado del PRI Miguel Ernesto Pompa señalaron, en intervenciones por separado, que “el subconsciente “ traicionó al funcionario al declarar que siguieron la misma estrategia con los mineros de Cananea y con el SME.

Ofensiva contra los sindicados no afines al régimen

Los senadores perredistas Tomás Torres, Arturo Núñez y Jesús Garibay, así como el petista Ricardo Monreal y el priísta Fidel Pacheco, expresaron su preocupación por la actuación parcial de las autoridades laborales en el caso de Cananea y por el riesgo de que se haya encontrado el camino para acabar con sindicatos que no son afines al régimen y de liquidar de tajo el derecho de huelga.

Lozano Alarcón se confrontó directamente con los senadores Torres y Monreal, quienes le exigieron hablar con claridad y le señalaron contradicciones en su intervención. El petista le dijo que su lenguaje encierra un profundo sentimiento fascista, lo llamó el sepulturero del derecho de huelga y le exigió aclarar en qué momento Gómez Urrutia le pidió 100 millones de dólares.

El titular de la STPS debió aclarar que Gómez Urrutia no le formuló nunca tal petición a él, y pasó problemas también para asegurar que no había acusado a los mineros de Cananea de robar y dañar las instalaciones, pese a que en su intervención inicial responsabilizó a la dirigencia de la sección 65 del sindicato minero de no haber posibilitado el diálogo y sostuvo que en marzo del 2009 la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, durante una visita de inspección, pudo identificar el grado de vandalismo, pillaje y deterioro ocasionado en sus instalaciones.

El senador Torres pidió también explicaciones a Lozano Alarcón de por qué en el boletín de la dependencia a su cargo donde da cuenta de la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo –por la que se niega amparo al sindicato minero y se confirma la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la terminación de relaciones laborales– se consignan datos que ni siquiera conocen las partes, ya que la sentencia aún no se notifica.

El perredista Francisco Garibay dijo a Lozano y Gómez Mont que el gobierno protege a la empresa. Les advirtió que en Cananea se inició la Revolución Mexicana y que cuando el diálogo se rompe lo que sigue son los chingadazos.

Los panistas Federico Döring y Javier Castelo salieron en defensa del funcionario, diciendo que no se puede ceder a los chantajes de Gómez Urrutia. El primero calificó de ominoso que Monreal y Torres preguntaran a los funcionarios por la petición de que se revoque la concesión a Grupo México.

Ante la insistencia de los legisladores en por qué no se buscó la conciliación, Gómez Mont expuso que sin menoscabo de la aplicación de la ley, hay espacios para la política y que la dependencia a su cargo continuará favoreciendo los acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de gobernabilidad.

Hasta las guerras terminan con tratados, resaltó el senador Núñez al final de la comparecencia, cerca de la medianoche.