Los tres magistrados del cuarto tribunal colegiado en materia del trabajo, con sede en el Distrito Federal, sesionarán este jueves en privado el caso del juicio de amparo en revisión tramitado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal (PJF), la sesión en que se discutirá el proyecto de resolución elaborado por la magistrada Idalia Peña comenzará después del mediodía.

Se prevé que el tribunal colegiado únicamente resuelva cuestiones de legalidad de la demanda planteada por los electricistas, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre los temas de inconstitucionalidad que impugnaron los quejosos.

En teoría, los tribunales colegiados sólo están facultados para estudiar cuestiones de forma y legalidad de los juicios de amparo (legitimidad e interés jurídico de los demandantes, entre otras cuestiones), y sólo la SCJN puede resolver si una norma secundaria viola algún artículo de la Carta Magna.

De esta forma, el cuarto tribunal colegiado laboral únicamente fallaría respecto a si tuvo razón la juez de distrito Guillermina Coutiño al sobreseer (desechar por falta de legitimidad) las demandas planteadas por miles de trabajadores de LFC.

Lo anterior, porque además del SME –como organización gremial–, la demanda de amparo que el pasado 11 de diciembre fue negada en primera instancia judicial fue firmada por unos 23 mil afiliados, pero Coutiño la desechó porque 6 mil 835 de esas personas nunca acreditaron ser trabajadores o jubilados de la empresa.

Según las fuentes consultadas, las cuestiones más importantes de este juicio las tendrá que resolver la Corte. De esta forma, los ministros habrán de resolver si el decreto de extinción de LFC fue constitucional, si invadió atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión o si violó las garantías laborales de los más de 44 mil empleados de la paraestatal.

En primera instancia, la juez Coutiño sostuvo que el decreto fue completamente legal. Este juicio de amparo en revisión es el único proceso en que el PJF analizará la legalidad del decreto presidencial del pasado 11 de octubre, pues el Congreso no promovió controversia constitucional.

Los principales argumentos del SME son que el decreto carece de debida motivación y fundamentación, omisión de audiencia previa al sindicato, invasión del Ejecutivo federal a las atribuciones del Legislativo y violación al artículo 123 de la Carta Magna, que tutela los derechos laborales.