il 44 muertes sobre 70 mil 665 casos confirmados porque, desde agosto de 2009, la Secretaría de Salud (Ssa) instruyó que sólo se realizaran pruebas de laboratorio a 10 por ciento de los casos sospechosos presentados en las 737 unidades centinela dispuestas en el país.

Y mientras la OMS se defiende de las denuncias de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, la Ssa también garantiza una disminución en la tasa de contagios.

Pero el doctor Córdova ya dispone de un préstamo del Banco Mundial por 491 millones de dólares para enfrentar la epidemia.

La dependencia del exterior del mercado mexicano de vacunas se extenderá por varios años más. De la misma manera que sobre la expansión del mercado de genéricos sigue pesando la política de patentes de Fox-Frenk, que no retrasaron –como Brasil y Argentina– la adopción de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Más aún, con el reciente fallo (enero 2009) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía la publicación de las patentes –a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)– no sólo a la sustancia activa del fármaco, sino también a los demás ingredientes que lo integran (patente de composición). Y el sistema de registro –vinculación– entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el IMPI –conocido como Linkage– contribuye con su parte.

Por algo –y como consecuencia de la eliminación del requisito de planta– las importaciones mexicanas de medicamentos subieron 30 por ciento en 2009, mientras el número de laboratorios en el mercado nacional se elevaba de 310 a 340.

Para sortear la emergencia sanitaria la Ssa ha desembolsado (hasta diciembre) 4 mil 300 millones de pesos más –aproximadamente–, 2 mil 700 para comprar los 30 millones de dosis del antígeno y los 30 tratamientos adicionales de Peramivir al cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

El préstamo servirá para que México pague las vacunas que por De la Fuente y Frenk el sector salud ya no está en capacidad de producir.

Pero las costosas vacunas no salen. Han sido ampliamente desairadas. Dos mil 500 médicos de Nuevo León y 600 de Oaxaca la rechazaron por temor a sus efectos secundarios. Hasta 40 por ciento de los médicos y enfermeras la rechazan.

Fue preciso que (en enero) el propio Calderón, su esposa y un grupo de actores –que, salvo por la edad, no son un grupo vulnerable– la recibieran con la intención de que ese esfuerzo demostrativo con gente representativa de la sociedad civil le diga a la gente que es segura y que no causa ningún daño. Mientras, el casi invisible comisionado nacional para la Influenza, Alejandro Macías, publicitaba el inicio de una campaña masiva de vacunación. Porque, según Córdova, ella contribuye en la mitigación de la pandemia. Hasta Vesta Richardson, titular del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), reconoció que un 15 por ciento de la población rechaza la vacuna.

Y cuando salen, es porque las autoridades salieron a buscar a las personas: porque Salud-GDF las aplicó en el Metro, mercados públicos o a trabajadores del Estado; porque la Ssa la emuló en centros comerciales, supermercados, guarderías, estancias y calles o porque Salud-Jalisco optó por la cadena Wal-Mart. Para Córdova hay que atribuir los bajos índices de vacunación a la desconfianza y falta de información entre la población prioritaria más que a problemas en la distribución. Y lo que sigue son campañas en zonas indígenas del país. Ahora para alcanzar las metas de vacunación los responsables federales y estatales de la salud cumplen buscando directamente a la gente.

El fracaso de la descentralización permea hasta el tuétano de la gestión calderonista de la emergencia sanitaria. Aunque la Secretaría de Salud de Coahuila no confirma oficialmente el deceso de ningún paciente, la autoridad federal contabiliza al menos 10 fallecimientos (noviembre, 2009).

Según el Censia, al finalizar enero el saldo en la distribución estatal del antígeno era sumamente desigual. Sólo 13 entidades habían cumplido con la meta de aplicar 75 por ciento o más de las vacunas que habían recibido en diciembre 2009. Otros estados no habían logrado aplicar ni la mitad. Para Vesta Richardson, directora del centro, los rezagos son atribuibles a las dificultades que enfrenta la distribución por las características geográficas, aunque también a que pudiera haber un subregistro debido a que los estados tardan varios días en recabar la información sobre las inmunizaciones. Porque el Centro de Salud Estatal reporta, en primer lugar, a su jurisdicción sanitaria, la cual informa días más tarde a la Secretaría de Salud del estado, que remite finalmente la información a la Ssa.

Sin embargo –y a pesar del incremento de la demanda de atención médica por enfermedades respiratorias (enero)– el director del Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Miguel Ángel Lezana, rechaza que la influenza sea la responsable de ese crecimiento porque no se ha observado aumento en la transmisión de la enfermedad.

La pura visión financiera de los programas sanitarios panistas tiene encadenada la salud al éxito de Calderón en los procesos electorales de 2010. Aunque para Frenk el sistema de vigilancia epidemiológica de México esté a la altura de los mejores del mundo.

* Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco