La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 78 recomendaciones durante 2009, de las cuales sólo siete se cumplieron totalmente y 20 no fueron aceptadas por las autoridades responsables. Por ello, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva señaló la necesidad de reformar la ley para que los funcionarios públicos que no atiendan las recomendaciones o las incumplan, aun cuando las hayan aceptado, comparezcan ante el Congreso para explicar sus acciones u omisiones.

Al presentar el informe anual de labores del organismo, Plascencia, quien recientemente cumplió 100 días al frente de la comisión, ubicó las agresiones contra periodistas entre las más graves violaciones a garantías fundamentales. Dijo que el año pasado se reportaron 79 actos en perjuicio de comunicadores, la mayor cifra hasta ahora, así como 26 en agravio de defensores civiles.

Reiteró que es urgente la necesidad de que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para terminar con la impunidad prevaleciente; que indaguen y agoten todas las líneas de investigación. También deben emprender nuevas estrategias de seguridad y protección a fin de garantizar el ejercicio profesional de los periodistas, comunicadores y defensores civiles.

Limitación para ciudadanos

En entrevista posterior se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe las facultades de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos para presentar recursos de inconstitucionalidad contra leyes presuntamente violatorias de derechos contenidos en tratados y acuerdos internacionales suscritos por México.

Comentó que en realidad la limitación ordenada por los ministros es para los ciudadanos, a quienes se niega la posibilidad de recurrir a los 102 compromisos internacionales firmados por el país en derechos de la mujer, de la infancia, discapacitados, acceso a la justicia, entre otros.

La determinación de la Corte va contra la tendencia mundial, por lo que ahora es fundamental que los legisladores metan el acelerador y aprueben la reforma pendiente en materia de derechos humanos, donde se especifique en detalle que los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por México están por encima de leyes secundarias nacionales, apuntó.

Antes, frente al presidente Felipe Calderón, el ombudsman destacó que las coyunturas que en distintos órdenes tuvieron lugar en 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social. Aunque los momentos críticos derivados de la situación económica, la inseguridad y la desconfianza de la población hacia las instituciones no fueron atendidas por falta de recursos, es imperativo garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, indicó.

Plascencia mencionó los temas pendientes, como la mejora en la situación de los derechos de las mujeres, donde el camino presenta aún graves retos.

Resaltó que el grado de cumplimiento de los derechos humanos representa un signo característico de la democracia, así como un indicador de la gobernabilidad y el pilar fundamental del estado de derecho.

El año pasado la CNDH recibió 7 mil 703 quejas, de las cuales mil 19 se resolvieron durante su trámite y 157 fueron susceptibles de una conciliación entre las partes. Se emitieron 78 recomendaciones a más de 100 autoridades e instancias federales y locales, pero sólo siete se cumplieron en su totalidad.

Además están 20 recomendaciones que fueron rechazadas por 25 autoridades responsables. El mayor número de quejas, alrededor de mil 800, fueron contra la Secretaría de la Defensa Nacional y un número similar para el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República, indicó.

Otro de los grandes pendientes mencionados por Plascencia en su informe es el de la protección a las víctimas del delito. Es impostergable, dijo, hacer realidad la ley federal en la materia, en particular la relativa a las víctimas de secuestro. Ambas iniciativas están en el Congreso. También mencionó que en la tarea de salvaguardar los derechos de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, se requiere impulsar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, pendiente desde 2007.