La organización Consumidores, que agrupa a asociaciones como El Barzón, Oxfam de México y El Poder del Consumidor, exigió al Congreso que otorgue mayores facultades a los organismos de regulación con el objeto de elevar la competencia y combatir de manera efectiva las prácticas monopólicas.

Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de la organización, propuso penas de entre dos y cinco años de cárcel, así como multas equivalentes a 30 por ciento de las ventas totales anuales de las empresas que incurran en dichas prácticas.

Criticó que mientras 8 millones de personas caerán en situación de pobreza este año, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las empresas dominantes en el mercado de alimentos obtuvieron utilidades superiores a las que registraron el año previo.

Según cifras de la Bolsa Mexicana de Valores, al cierre del año pasado siete de las empresas más importantes en el mercado de alimentos nacional (entre ellas Bachoco, Bimbo y Coca-Cola Femsa), obtuvieron utilidades 74 por ciento mayores a las que obtuvieron el año previo.

Ramírez Cuellar sostuvo que las empresas que no tienen competidores incurren en sobreprecios de entre 35 y 40 por ciento, lo cual tiene un impacto mayor sobre la población de menores recursos.

El control monopólico que existe, principalmente en los alimentos, es demasiado perjudicial porque está provocando un empobrecimiento mayor de regiones y de sectores populares, indicó en entrevista.

Cuellar señaló que el 13 de marzo se efectuará la primera convención nacional de consumidores en México desde 1983, en la cual diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestarán en defensa de los derechos de los consumidores y contra los monopolios.

En tanto, el sector empresarial advirtió que para elevar la competitividad del país y dar un mayor impulso a la economía es necesario fortalecer los organismos reguladores, la mayoría de los cuales tienen una autonomía endeble o responden a la autoridad de alguna secretaría de Estado.

En su mensaje semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostuvo que los avances que México ha tenido en materia regulatoria no han sido los mínimos necesarios y sólo contribuyeron a mantener el ritmo inercial de la economía en los últimos años.

Si realmente hubiera cambios importantes, sobre todo en materia de regulación, la economía estaría creciendo a mayores tasas desde hace algunos años, dado el impulso a la inversión que esto implica, sostuvo el CEESP.