El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sostiene que ante las realidades económicas y sociales del país han surgido cada vez más movimientos civiles que reivindican causas específicas, y el gobierno se incomoda con su presencia y reacciona tratando de acallar sus demandas, pero no solucionando los problemas, sino con ataques y abusos.

En el informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad. Rostros del México actual, elaborado por el Centro Pro Juárez se destaca que en 2006 hubo 600 conflictos sociales y en 2008 alcanzaron la cifra de mil 200. Todos los conflictos sociales estuvieron ligados a la lucha de las comunidades urbanas y rurales contra grandes consorcios que pretenden extraer recursos naturales o apropiarse de las tierras para ofrecer obras y servicios públicos; sin embargo, el número de conflictos podría ser mayor.

Refiere el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que de acuerdo con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el primero de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009 se contabilizó un total de 36 defensoras, 72 defensores, 17 organizaciones civiles y 6 familiares que fueron víctimas de algún tipo de agresión u obstaculización”.

En el informe se precisa que en el país existe un patrón de desprestigio y criminalización en contra de los defensores de derechos humanos, por lo que el riesgo se ha incrementado a tal grado que amenaza su integridad personal y su vida. La impunidad en la que permanecen estos abusos fomenta que la situación se perpetúe. Una de las sugerencias del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas fue que se declare delito federal y se persiga en el fuero federal el asesinato de defensores de los derechos humanos.

El Estado es el principal responsable de proteger los derechos humanos, no obstante, subraya el centro, las autoridades estatales son las responsables principales de cometer abusos en contra de los defensores. El gobierno ha mostrado una inquietante tendencia a considerar las actividades relacionadas con los derechos humanos como contrarias a los intereses nacionales y como amenaza para la seguridad nacional.

Como ejemplo de estas campañas de desprestigio en contra de defensores, se cita el caso de José Manuel Hernández, líder campesino detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) y la procuraduría general de Justicia del estado de Chiapas. Las autoridades publicaron en medios de circulación nacional que fue detenido por pertenecer a la delincuencia organizada, no obstante, no informaron que el gobierno realizó cateo casa por casa en la comunidad y no encontró armas ni drogas.

El gobierno también criminaliza a las comunidades o individuos que ante los abusos responden en forma espontánea exigiendo sus derechos. Es el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Dos mujeres del pueblo ñañú Santiago Mexquititlán, Querétaro, fueron condenadas injustamente por un secuestro que no cometieron. Al castigarlas se lastimó una comunidad indígena que reivindicó sus derechos ante los abusos cometidos por la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), sostiene el Pro Juárez.

En 2009 hubo un elevado número de abusos y criminalización contra defensores de los derechos humanos en Chiapas. En ese estado se cometieron amenazas, cateos ilegales y hostigamiento contra varios defensores.

Algunos casos fueron: el hostigamiento contra Yolanda Castro y Daniel Luna; la detención arbitraria y con golpes contra José Emiliano Nandayapa Déciga; la agresión sufrida por Ricardo Lagunes Gasca, realizada por paramilitares; el despliegue militar contra la comunidad de San Sebastián Bachajón; la detención y privación de su libertad a José Manuel Hernández y el allanamiento a la casa de Adolfo Guzmán.