El gobierno mexicano ha sido omiso en desarrollar políticas de protección a la salud y prevención de la obesidad, que se encarguen de regular y sancionar la publicidad de alimentos chatarra, así como de informar a la población de los severos daños que ocasiona el consumo de estos productos, señaló el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

En un análisis sobre la obesidad infantil en México, sostuvo que actualmente se afecta directamente el derecho humano que toda persona tiene a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, así como el derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

Agregó que los Estados tienen la obligación de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos, por lo cual deben adoptar medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas; impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades. 

Detalló que la Secretaría de Salud reportó en 2008 que por la cifra de 4.2 millones de niños de entre cinco y 11 años de edad con obesidad, ésta ya se consideraba una epidemia. La prevalencia de la obesidad infantil es un grave problema que continúa aumentando, y debido a las complicaciones a corto y largo plazos, asociadas con esta enfermedad, es urgente diseñar programas que fomenten un aumento en la actividad física y mejoren la calidad de la dieta durante esta etapa, agregó.  

Recordó que el gobierno federal, tanto en su programa sectorial de salud como en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, anunció el impulso de una política integral para la prevención y control del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y padecimientos cardio y cerebro-vasculares.

Sin embargo, “su propuesta esencial se restringe a proponer el cambio de hábitos y la adopción de ‘estilos de vida saludables’, colocando la responsabilidad principal de las elecciones alimentarias correctas en la población”. Esta perspectiva hace invisibles las dimensiones sociales del problema y quita responsabilidad a la política de salud gubernamental que debería ser activa en promover las condiciones que favorezcan y alienten decisiones saludables.  

En 2004, México se adhirió a la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas promovida por la Organización Mundial de la Salud, pero hasta enero de 2010 firmó un Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra sobrepeso y obesidad.

La organización pidió presionar para que los intereses comerciales de las empresas no prevalezcan por encima del interés público.