El informe anual de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) destaca algunas irregularidades administrativas en las que incurrió el organismo, como: incremento no justificado de pago de arrendamientos de inmuebles, notificación tardía ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de movimientos de personal y pagos sobregirados de adquisición de inmuebles respecto a los topes fijados.

Entre las anomalías pormenorizadas en el documento está el incremento injustificado de siete contratos y que el precio pactado por metro cuadrado en cuatro inmuebles fue superior al señalado por la Secretaría de la Función Pública. Además se localizaron espacios desocupados cuyo costo asciende a 5.1 millones de pesos.

Se detectaron pagos en demasía por diferencias en el tipo de cambio del dólar por un monto de 312 mil pesos, y no se autorizó el pago de 1.4 millones de pesos por concepto de patentes.

Según el informe, fue impreso material informativo por un monto de 4.5 millones de pesos sin cumplir los procedimientos, y se observaron deficiencias en el control de recepción y distribución de servicios de publicidad por 6.7 millones de pesos.

No fue proporcionada documentación comprobatoria y justificativa de gastos realizados durante la crisis de la influenza por 420 mil pesos, añade.

Señala irregularidades como la realización de contratos sin cumplir las disposiciones internas, como cotizaciones o porcentajes de cobro por cada uno de los servicios contratados.

Hubo un avance de 25 por ciento en la auditoría financiera y de cumplimiento al sistema de administración de los tiempos del Estado, y se realizaron 51 visitas a centros de verificación y monitoreo (34 por ciento del total).

Asimismo se han revisado las bases de licitación, el contrato multianual y los procedimientos operativos del sistema.

En la parte financiera, la contraloría verifica el registro de los recursos ejercidos y que éstos cuenten con el debido soporte documental conforme lo estipulado en el contrato respectivo y la normatividad aplicable.