El estatus jurídico actual del Distrito Federal no sólo es anómalo, irregular y contrario a los derechos de quienes viven en la ciudad de México, sino también está diseñado para proteger a los poderes federales del riesgo de un gobierno local, y esa lógica continúa desde 1928, afirmó el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon.

Se pronunció además en favor de otorgar a la Asamblea Legislativa del DF facultades y poderes plenos, ya que hoy día es una representación acotada, o cuando menos así se pretende por algunos, y reorganizar los gobiernos delegacionales.

En el marco de la presentación del consejo consultivo para la reforma política del DF, que se realizó ayer en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local resumió: el actual modelo genera demasiados conflictos y no ayuda a gobernar mejor.

Prueba de lo anterior son la controversia que se interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; la iniciativa de ley de seguridad pública local que Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados; el que sea el Congreso de la Unión el que apruebe el techo de endeudamiento de la capital del país, y el Senado, a diferencia de otras entidades, el que faculta para destituir al jefe de Gobierno electo.

Como si los capitalinos no pudiésemos regular las materias que más nos preocupan, enfatizó.

Explicó que el objetivo de integrar el consejo consultivo es cambiar el régimen interior del Distrito Federal y su relación con la Federación y otros poderes. ¿Cómo reducimos los conflictos innecesarios y recurrentes que tenemos con el actual modelo de relación con los poderes federales, en especial el Legislativo y el Ejecutivo federales?

Ebrard Casaubon retomó parte de los comentarios que antes hizo Alejandro Madrazo Lajous, integrante del consejo consultivo, al referir que en 1808 un síndico del común del ayuntamiento de la ciudad de México planteó que le restituyeran la soberanía a la nación, a la ciudad y a su ayuntamiento. En 2010, año del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, podemos concluir que no se ha resuelto lo que se planteó originalmente.

En el acto estuvieron la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales; el magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, y los juristas Alejandro Lajous e Ignacio Marván, entre otros.