Culiacán, Sin., 9 de marzo. Unos 800 comuneros de los seis poblados afectadas por la presa Picachos, en los municipios de Mazatlán y Concordia, tomaron el Congreso del estado para exigir a los diputados que respalden su demanda de indemnizaciones justas por las tierras que la obra hidráulica afectará. Asimismo, acordaron pernoctar en el palacio legislativo.

Los manifestantes culminaron de esta manera una marcha que iniciaron el primero de marzo y que recorrió alrededor de 200 kilómetros por la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

El contingente, formado por mujeres (algunas embarazadas), niños, jóvenes y adultos dedicados a la agricultura, llegó a la sede del Legislativo cuando se efectuaba la sesión, e ingresó luego de forcejear con el personal de seguridad.

A gritos de ¡No que no, sí que sí, la Picachos ya está aquí! y mostrando pancartas, los comuneros atestiguaron cómo legisladores locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y algunos de Acción Nacional rechazaron la propuesta de apoyar a los comuneros, planteada por los perredistas Graciela Domínguez y Juan Figueroa.

Una de los dirigentes de los labriegos, María Alapizco, tachó al gobernador Jesús Aguilar Padilla de falto de palabra. Por eso vamos a exigirles a los diputados que hagan cumplir la ley, Creo que no nos merecemos esto. Ya hasta hemos perdido compañeros.

Los manifestantes reiniciaron sus protestas en febrero, luego de que el gobierno de Sinaloa les ofreció indemnizarlos por sus tierras con base en un precio de 3 mil pesos por hectárea, cifra que luego subió a 26 mil 400 pesos. Unas 800 familias reubicadas por la construcción de la presa exigen entre 250 y 300 mil pesos, que, de acuerdo con avalúos ordenados por los comuneros, es el precio real de las tierras.

El gobierno de Sinaloa asegura que falta pagar las indemnizaciones correspondientes a unas 500 hectáreas. Los pobladores afirman que las autoridades mienten y que Aguilar Padilla no ha introducido agua potable y otros servicios a las nuevas comunidades y que la superficie pendiente de pago suma unas 700 hectáreas.

Desde enero de 2009, comuneros afectados por la presa Picachos –provenientes de Las Iguanas, La Puerta de San Marcos y San Marcos, entre otros poblados– emprendieron protestas luego de ser desplazados por la obra; insisten en que no tienen panteones para sus muertos ni servicios públicos.

Con información de Irene Sánchez, corresponsal