El abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas sostuvo ayer que Luz y Fuerza del Centro (LFC) no está extinguida, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha emitido su resolución sobre el decreto presidencial, y señaló que si este tribunal falla en contra de los trabajadores presentarán en forma seria, formal y fundamentada y no por capricho, la demanda de juicio político contra el presidente Felipe Calderón y el secretario Javier Lozano.

Se tratará de una demanda seria, ya que los funcionarios que violan la Constitución tienen que ir a juicio político e incluso se ha visto que en el proceso de defensa legal de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha metido las manos el gobierno y el secretario Lozano, por lo que el desarrollo del mismo ha estado enviciado, amañado inmoralmente y con violaciones a los preceptos constitucionales y diversas leyes, dijo Carrancá.

Fue muy obvio que la juez Guillermina Coutiño Mata recibió una consigna para que mañosamente desviara los argumentos presentados en la demanda de amparo del SME, sostuvo el abogado y catedrático, en un foro de análisis sobre la inconstitucionalidad del decreto de extinción de LFC organizado por este gremio, en el que también participaron otros abogados, como Carlos de Buen.

Carrancá dijo que la juez ignoró que siendo el servicio de LFC materia del sector eléctrico, para la extinción de la empresa se debió consultar y dar vista al Congreso de la Unión y al no hacerlo se violó el artículo 73 constitucional. Mientras al secretario del Trabajo, Javier Lozano, le envió el mensaje de que en tanto la Corte no resuelva y no diga la última palabra, la paraestatal, el sindicato y el contrato colectivo existe.

Es una vergüenza que quienes digan que conocen de leyes, actúen en contra de ellas. Los pusilánimes y los tramposos son quienes quiebran las leyes fundamentales del país con resoluciones totalmente arbitrarias y contrarias a la Constitución, señaló.

Carlos de Buen abrió la sesión de ayer. Dijo que enumerar las violaciones a las normas cometidas contra los trabajadores del SME es una tarea ardua, porque son múltiples las ilegalidades cometidas en su contra; en tanto, Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), se refirió a las violaciones a los derechos humanos sufridas por los electricistas, así como el proyecto de vida mutilado y las afectaciones cometidas contra los trabajadores.

A su vez, el abogado Óscar Alzaga preguntó: ¿por qué en particular se ha perseguido y violado todos los derechos de los trabajadores del SME, a los mineros y de gremios como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son los que tienen vocación democrática”. Se trata, dijo, de una acción prepotente, contraria a cualquier régimen democrático y profundamente ilegal, porque estos trabajadores son los que se oponen a los negocios sucios del gobierno de Calderón y por eso la andanada.

Martín Esparza comentó que desafortunadamente no hay un verdadero interlocutor del sector obrero para resolver los conflictos laborales del país, pues esta visto que el secretario Lozano ya se convirtió en enemigo de la clase trabajadora. Nunca quiso conciliar sino enfrentar. En tanto, José Antonio Almazán, ex miembro del comité ejecutivo del SME y ex legislador, señaló que el golpe al SME y a los mineros tiene el tufo de revancha histórica contra los pilares precursores de los derechos laborales en México.

A su vez, el catedrático y experto en derecho laboral Elizur Arteaga Nava llamó a los trabajadores a reforzar la movilización para apoyar la lucha jurídica, ante lo que llamó la confabulación de los tribunales contra los gremios de los trabajadores.