El gobierno mexicano espera el momento técnico oportuno para modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, tal como mandató la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia contra México por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en la que dicho organismo asienta que el fuero militar no debe encubrir las violaciones a garantías fundamentales.

Esa fue una de las respuestas que representantes de la actual administración dieron al Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en la quinta evaluación de nuestro país en la materia, informaron organizaciones civiles que participaron en la reunión, efectuada el 8 y 9 de marzo en Nueva York, sede de Naciones Unidas.

El organismo expresó su preocupación sobre el estado de las garantías fundamentales en México.

La militarización, los abusos castrenses, los retrocesos en 18 entidades que criminalizan el aborto, la detención de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara (condenadas a 21 años de prisión por el presunto secuestro de seis agentes federales), las prácticas de tortura, la impunidad, la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la situación de periodistas y defensores de garantías en el país, entre otras, fueron algunas de las inquietudes manifestadas por el comité, conformado por 18 expertos en derecho internacional sobre derechos humanos.

Durante la evaluación, el gobierno mexicano fue cuestionado sobre cómo y cuándo cumplirá las sentencias de la CIDH sobre los casos de Radilla y el Campo Algodonero –referente a los feminicidios en Ciudad Juárez–, donde se señaló al Estado mexicano como responsable de violar derechos fundamentales.

“En el caso Radilla los expertos preguntaron cuándo y cómo se reformará el artículo 57 del Código de Justicia Militar. El director general de Derechos Humanos de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo, respondió que esperan el momento técnico oportuno, sin aclarar qué significa. Los emisarios gubernamentales no dieron fecha concreta, sólo aseveraron que lo analizan”, aseguró vía telefónica desde Nueva York Humberto Guerrero, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El comité de la ONU también expresó su inquietud sobre la intervención del Ejército en labores de seguridad y las denuncias referentes a que la presencia de los uniformados en estas acciones incrementaron las violaciones a garantías fundamentales.