Amnistía Internacional (AI) acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de fabricar un delito grave a tres personas que se manifestaban en Campeche contra las altas tarifas del servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El organismo internacional emitió ayer una acción urgente en favor de Sara López, Guadalupe Borja y Joaquín Aguilar, líderes del Movimiento Nacional contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica en aquella entidad, quienes junto con otros compañeros protestaron en las oficinas de la CFE debido a que los dejaron sin electricidad.

Aseveró que la dependencia gubernamental utilizó indebidamente el sistema de justicia para castigar a quienes únicamente fueron detenidos por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, por lo que los declaró presos de conciencia el pasado 4 de mazo.

En el documento demandó la inmediata libertad de los detenidos, acusados por la PGR de privación ilegal de la libertad por toma de rehén (un empleado de CFE).

El 25 de septiembre de 2008, habitantes del poblado de Candelaria, que carecían de electricidad, acudieron a las oficinas locales de la CFE para solicitar la reconexión del servicio. La paraestatal les había suspendido el suministro por falta de pago, aun cuando se encontraban en negociaciones debido a que los lugareños no podían cubrir por el alto costo del servicio.

La CFE presentó una demanda por el delito (no grave) de obstrucción de entrega de un servicio público contra éstos. Pero en junio de 2009, la PGR los acusó del delito grave de privación ilegal de la libertad por toma de rehén.

Los presos de conciencia fueron detenidos junto con sus compañeros Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno y se les negó la libertad bajo fianza; aunque Castellanos y Vizcaíno fueron liberados tras ganar una apelación a finales de septiembre de 2009.