a Oficina de Información del Consejo de Estado de China difundió ayer un informe, elaborado con base en artículos de prensa y en datos de organismos no gubernamentales, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Estados Unidos dentro y fuera de su territorio. En el documento, el gobierno chino lamenta que Washington emplee el tema de las garantías individuales como un instrumento político para interferir en los asuntos internos de otros países; difamar la imagen de otras naciones y procurar sus propios intereses estratégicos, e invita a las autoridades de ese país a extraer lecciones de la historia, colocarse en una posición correcta, esforzarse por mejorar sus propias condiciones de los derechos humanos y rectificar sus actos en esa materia.

El texto cobra especial relevancia por cuanto se divulga dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre derechos humanos, en el que se condenan los presuntos abusos cometidos por los gobiernos de países como Cuba, Corea del Norte, Venezuela y la propia China, entre otros. Significativamente, tales críticas provienen del régimen que más viola las garantías individuales a escala planetaria, como señalan diversos organismos internacionales humanitarios y como lo documenta ahora el reporte del gobierno de Pekín.

Las cruzadas bélicas emprendidas por la Casa Blanca y el Pentágono contra Afganistán e Irak durante la administración de George W. Bush, y continuadas hasta ahora por el gobierno que encabeza Barack Obama, son los ejemplos más claros inmediatos de la vocación histórica de agresión y barbarie del gobierno estadunidense, cuyo ejercicio ha significado el deterioro sostenido de la vigencia planetaria de los derechos humanos. Debe recordarse que, en el contexto de estas agresiones militares –que han costado la vida a decenas de miles de civiles inocentes– el propio Bush recomendó desconocer las directivas vigentes en materia de prisioneros de guerra, y otorgó con ello margen de maniobra a sus milicias y funcionarios civiles para secuestrar y torturar a todos aquellos que fueran catalogados de manera discrecional como combatientes enemigos. Tales regresiones judiciales se expresaron en las atrocidades cometidas contra los prisioneros de los campos de concentración de Abu Ghraib y Guantánamo, y en las redes de vuelos secretos de la CIA, dedicadas al secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo.

Por supuesto, y como lo señala el informe del gobierno de Pekín, los atropellos de Washington a las garantías individuales no sólo suceden fuera del territorio estadunidense: dentro de él, y al amparo de la guerra contra el terrorismo desatada a raíz de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de Washington ha vulnerado las libertades de sus propios ciudadanos, y ha legalizado el espionaje telefónico, la intercepción de correo electrónico, la apertura clandestina de correspondencia y la sustracción de documentos personales.

Hasta ahora, la administración Obama no ha podido o no ha querido trasladar sus propósitos de viraje en esta materia al terreno de los hechos, y antes bien ha mostrado resistencia a abandonar las tradicionales políticas intervencionistas, belicistas, hegemónicas y, a fin de cuentas, violatorias de los derechos humanos que caracterizaron a su antecesor.

Con tales antecedentes, y a la luz del informe publicado por el gobierno chino, queda claro que Washington carece de la calidad moral necesaria para erigirse en ejemplo y juez en materia de derechos humanos y que la vigencia de éstos en el mundo difícilmente podrá alcanzarse mientras persistan ejercicios de hipocresía como los reportes elaborados por el Departamento de Estado. En este ámbito, como en otros, es necesario avanzar hacia objetivos consensuados entre las naciones y no impuestos como mero ejercicio del poder, la hipocresía y la arrogancia imperial.