l pasado 12 de febrero sucedió lo temido. Joy y Hellen, dos nigerianas migrantes en Italia, fueron internadas en el Centro de Identificación y Expulsión (CIE) de Milán. La permanencia en este triste y mal afamado lugar no les es nueva. Las dos ya lo conocían. Estuvieron allí cuando el responsable de la policía italiana de ese centro de detención intentó violar a Joy. Esa noche, tras la resistencia de la migrante, el agente italiano la golpeó en pleno rostro. De ahí a pocas horas la rebelión explotó en el CIE de Milán.

Era el 13 de agosto de 2009. Por esa rebelión, las dos mujeres, otras tres migrantes y nueve hombres de distintos orígenes fueron condenados a la cárcel. Seis meses después de esa noche, Joy y Hellen fueron liberadas. Pero el destino las esperaba una vez más en el CIE de Milán, pues aun purgada la condena –por cierto, conminada por una juez–, las dos seguían sin tener documentos. Y para los sin papeles en Italia sólo hay un lugar: los CIE. Y en el de Milán los funcionarios que acosaron a Joy siguen en sus puestos: Vittorio Addesso, inspector de la policía italiana en el CIE, y Massimo Chiodini, responsable de la Cruz Roja en el mismo centro.

El temor que algo más pueda suceder es fundado. No es sólo la violencia que los funcionarios mencionados podrían repetir al total amparo de la autoridad que representan y que, al parecer, hasta ahora los ha salvado de cualquier condena. Es también el serio riesgo de suicidio que contamina el ambiente dentro de los CIE. Son numerosos los casos de suicidio o tentativas de hacerlo entre los migrantes encerrados. Para el caso de Joy resulta muy significativo un hecho en particular: el 16 de enero de este año, uno de los condenados junto a Joy y Hellen, Mohammed El Abouby, se quitó la vida. ¿La razón? El día anterior, su abogado le comunicó que iba a ser transferido otra vez a un CIE. Mohammed había participado en la rebelión y durante el proceso había acusado al inspector de violencia en contra de la migrante nigeriana. Tras ese suicidio, un comunicado de una organización en favor de los migrantes divulgó: Mohammed demostró todo el valor concreto de la solidaridad activa por la cual pagó el precio hasta con su propia vida.

Si eso no sucediera, queda vigente el peligro de otros abusos. La tentativa del 13 de agosto pasado no es un caso aislado, denuncian diversas organizaciones de la sociedad civil italiana. Es más, según las mismas, Vittorio Addesso sería un violador en serie, pues el caso de Joy no ha sido el único. Si esto fuera poco, las mismas organizaciones denuncian que en realidad éste sería sólo el último eslabón de la cadena. Según múltiples testimonios recogidos entre las mujeres migrantes que acuden a las organizaciones en busca de un poco de solidaridad y ayuda, nosotras somos objeto de la violación perfecta, pues en la gran mayoría de los casos no acudimos al hospital a que nos curen; tenemos miedo de que nos expulsen. Este es el precio –entre otros– de no tener papeles para regular su estancia.

La actual situación es sin duda consecuencia del creciente entorno represivo que los migrantes viven hoy en Italia. El más reciente episodio legislativo en este sentido fue el llamado paquete de seguridad, un conjunto de leyes y dispositivos legales que acotan aún más las libertades y los derechos de los migrantes. En el caso específico, es preciso subrayar que parte de dicho paquete legislativo se concentra precisamente en las medidas pensadas para frenar la violencia en contra de la mujeres. Casos reales convertidos en paradigmas de la supuesta violencia migrante en contra de las mujeres que deben de ser frenados, impedidos y castigados. Así las cosas, tras una imponente campaña mediática, el resultado tenía que ser uno: las mujeres (italianas) deben tener miedo y la sociedad en su conjunto exigir el castigo ejemplar de los bárbaros foráneos.

Y si el resultado inmediato era la aprobación parlamentaria del paquete, la finalidad última es abusar con nuevas y otras formas de esos cuerpos femeninos. Primero, transformando los cuerpos de las mujeres en instrumento y pretexto para el endurecimiento de las medidas de control y represión para toda la sociedad. Segundo, se construye la diferencia y la separación entre italianos y migrantes, pues la seguridad que se ofrece a las mujeres es sólo para las blancas, italianas, autóctonas, la mujer nostra, naturalmente. Porque por el otro lado, las migrantes pagan y siguen pagando el precio de tanta represión. Lo pagan tan directamente que es su cuerpo el objeto de ese cobro indebido que la sociedad italiana, indecisa frente a su propio miedo, exige a los migrantes, la parte más indefensa y sujeta a chantaje de la sociedad italiana.

Ese es el cuerpo femenino: objeto de campañas mediáticas para que el Estado italiano corra en su defensa cuando los potenciales abusadores son los migrantes; objeto de indiferencia cuando el abuso se consuma en las cuatro paredes domésticas (tres cuartas partes de la violencia hacia las mujeres en Italia sucede en los hogares familiares, según datos estadísticos); objeto de todo tipo de abuso cuando ese cuerpo es migrante –y extranjero, por lo tanto indefenso, anónimo, invisible–, y cuando se encuentra en manos de las autoridades que de él disponen a pleno gusto de los carceleros en turno.