l Centro Miguel Agustín Pro (Prodh) presentó hace algunos días un informe sobre los derechos humanos en México. El título, Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual, adelanta los ejes del análisis realizado a partir de la actividad que esta organización ha efectuado en años recientes. Violencia e impunidad son dos factores necesarios para aclarar lo que hoy sucede en México en esa materia. Lo mismo se acaba de afirmar en el Parlamento Europeo, a pesar de la fuerte oposición del Partido Popular español, cercano políticamente al partido en el gobierno federal. La falta de sanción a las violaciones de derechos humanos alienta a las autoridades a cometer actos arbitrarios en contra de la sociedad. Esta impunidad encuentra a su vez pretexto en el actual contexto de violencia, que con frecuencia es invocado para ocultar la falta de investigación y acción. Y ello aunque la violencia denunciada sea sobre todo la misma que es provocada por las propias autoridades con su inacción o complicidad.

A pesar de que todavía no puede realizarse una evaluación definitiva sobre la reforma judicial aprobada en 2008, en el informe se adelanta que las organizaciones civiles que han trabajado bajo el nuevo sistema ya han encontrado aspectos problemáticos. Sin embargo, haciendo un balance de las reformas aprobadas, se reitera que hay aspectos regresivos, como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos delitos y la creación de un régimen de excepción para quienes son considerados previamente como miembros de la delincuencia organizada. Elementos que debilitan la aplicación del principio de presunción de inocencia, ausente hoy de la práctica judicial. El desconocimiento de la presunción de inocencia ha estado presente en dos casos paradigmáticos analizados en el estudio del Prodh: los de Jacinta Francisco Marcial e Isabel Almaraz, mujeres indígenas cuyos procesos estuvieron plagados de irregularidades. En ellos ha sido además evidente que el sistema de justicia profundiza a lo largo de todo el proceso penal la discriminación existente en la sociedad, siendo una de las más visibles la que ocurre por razón de condiciones como el género o la pertenencia étnica. En continuidad con la sistematización de los abusos cometidos por militares desde que se iniciaron los operativos conjuntos contra la delincuencia organizada en el actual sexenio, el Centro Pro actualiza las cifras que presentó en su informe Comandante Supremo en 2009. A partir de los datos se constata el aumento del número de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en las regiones donde hay mayor presencia castrense, sea por los operativos contra la delincuencia organizada, sea por las actividades de contrainsurgencia encargadas al mismo tiempo a las fuerzas armadas. Nuevamente la impunidad es constante en este campo, favorecida sobre todo por la extensión indebida del fuero militar para tratar asuntos que no están vinculados con la disciplina militar.

El asunto ha sido ampliamente debatido, y al gobierno mexicano se le ha recomendado internacionalmente, incluso se le ha ordenado mediante una sentencia, ajustar la legislación a los estándares internacionales en la materia. Es decir, restringir el fuero militar, para que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos sean vistos por la justicia civil. Como las instancias nacionales no han sido eficientes, lo que ha sido debidamente documentado por las organizaciones civiles –entre ellas el Prodh, a través de la exigencia de justicia en casos como el de las mujeres de Atenco, en el que no fueron eficientes ni las instancias del estado de México ni la Fiscalía sobre Violencia contra las Mujeres–, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones sobre derechos humanos se ha recurrido con mayor frecuencia a instancias internacionales. Ha habido por ello una sostenida participación de la sociedad civil en esas instancias. El año pasado participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hace unos días en la 98 sesión del Comité de Derechos Humanos, órgano creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto valdrá la pena tener puesta la mirada en casos que serán tratados este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El Centro Pro retoma también un tema de creciente preocupación: la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas son amenazados, sino también quienes en las circunstancias actuales ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de autoridad. Esta situación amenaza no sólo a los defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad. A esta amenaza se agrega el uso del sistema de justicia para castigar a quienes exigen derechos. En el informe se abordan también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a partir del derecho a una vivienda digna, frecuentemente vulnerado por la política del gobierno al respecto y la mala calidad de las casas edificadas por empresas constructoras. El mismo derecho se ve violentado cuando se desplaza a pobladores de localidades afectadas por la construcción de megaproyectos, cuyo beneficio para la sociedad es dudoso. Todo lo cual obliga a la sociedad a mantener en alto la defensa y promoción de los derechos humanos, antes de que sea demasiado tarde.