Raquel Sosa, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que los informes del Departamento de Estado y la Unión Europea sobre violaciones a los derechos humanos en México, contienen partes importantes de la verdad, pero no reconstruyen de manera honesta y profunda las razones por las cuales se aplica tanta violencia al pueblo de México.

En entrevista, señaló que de ninguna manera es casual la ejecución de 18 mil personas en el país en menos de tres años. Hay una estrategia perfectamente organizada de la que forman parte todos estos grupos mafiosos del poder nacionales y, desde el luego, trasnacionales con el propósito de paralizar, atemorizar al pueblo e impedir que se exprese.

La investigadora pidió ir al fondo del tema, luego de considerar que al desgobierno de México le va a parecer muy escandaloso que haya este tipo de informes, pues les resta calificaciones para la inversión.

Sosa descartó que este tipo de señalamientos conlleve un castigo para el país. ¿Quién nos va a sancionar; el gobierno de Estados Unidos, la ONU, donde los integrantes del Consejo de Seguridad son una parte importante de los grames fabricantes de armas en el mundo y quienes promueven las guerras?

La sanción fundamental debe venir del pueblo de México, que no puede permitir que siga ocurriendo una violencia tan terrible, concluyó.

Debate nacional

Por su parte, Pedro Vázquez, miembro de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, dijo en entervista aparte, que los reportes de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la violación a los derechos humanos que prevalece en el país sólo confirman lo que los mexicanos ya sabemos, pero el gobierno federal se empeña en negar; además, insiste en tener a militares y marinos en actividades que no les corresponden.

Calificó de lamentable que estemos esperando a que nos califiquen como violadores de derechos humanos para que el tema sea motivo de discusión y debate en la agenda nacional.

El también coordinador de la fracción del PT en la Cámara de Diputados, rechazó que el Poder Legislativo sea un obstáculo para las tareas que debe realizar el gobierno federal. Dijo que en los pasados cinco años se le han dado al Ejecutivo las herramientas legales para garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, lo que hemos visto, apuntó, son constantes incumplimientos a la legalidad.