Guadalajara, Jal., 13 de marzo. En su recomendación 12 de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, ocurrida en febrero de 2008 se debió a la alta contaminación del río Santiago, que atraviesa las localidades de El Salto y Juanacatlán, en la zona metropolitana de Guadalajara.

En el exhorto 12/2010, la CNDH solicita a José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cooperar ampliamente en las investigaciones derivadas de la averiguación previa que con motivo de los hechos presente la CNDH ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de servidores pú-blicos federales los involucrados, y remita las pruebas que le sean requeridas.

Asimismo, que proceda a resarcir el daño a los familiares del menor y medidas de urgencia necesarias para advertir a los habitantes aledaños sobre la peligrosidad del río.

Según la CNDH, la Conagua, de acuerdo con las atribuciones conferidas por ley, no ha cumplido con la responsabilidad que tiene de tratar y sanear la contaminación de las aguas del río Santiago, provocando con ello no solamente el fallecimiento de López Rocha, sino también la afectación a la salud de diversas personas que viven en las colonias aledañas al mencionado río.

En febrero de 2008, López Rocha falleció debido a una intoxicación por arsénico tras un coma de más de dos semanas. Sus familiares y vecinos del fraccionamiento La Azucena, ubicado a escasos metros de las pestilentes aguas del Santiago, han asegurado que el menor cayó al río y después enfermó.

El gobierno del estado aludió a que las aguas del río cumplen la norma, aun cuando una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y estudios de la Universidad de Guadalajara han señalado la presencia de metales pesados en el arroyo.

En el documento, la CNDH anuncia que presentará una queja ante el órgano interno de control de la Conagua para que se inicie un procedimiento administrativo contra los funcionarios que resulten involucrados.

Los servidores públicos de la Conagua, encargados legalmente del control y vigilancia de la contaminación del río Santiago, incumplieron con los preceptos relativos a la protección a la salud y a la conservación del medio ambiente reconocidos en el artículo cuarto, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala el documento.