En un contexto sin precedentes, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) colocará las banderas de huelga el próximo martes en Luz y Fuerza del Centro (LFC), con el fin de resguardar las instalaciones de ese organismo, extinto por decreto presidencial hace cinco meses.

Martín Esparza, dirigente del SME, aclaró que no ingresarán a las instalaciones pero se colocarán en las puertas de ellas para evitar la entrada y salida del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esa empresa es responsable del suministro de la zona central del país desde el 11 de octubre pasado, y los integrantes del SME advierten que sólo permitirán la entrega de alimentos a los empleados de la CFE que se encuentren adentro al mediodía del martes.

Estas acciones, reconoce el sindicato, harían posible la acción de las fuerzas policiales. Si quieren baño de sangre, ellos (el gobierno federal) serán los responsables. Nosotros no tenemos armas ni toletes, somos trabajadores luchando para que nos regresen nuestro empleo que nos quitaron de manera fascista, sin derecho de audiencia, dijo Esparza.

Este sábado los integrantes del SME que permanecen en lucha (sin cobrar su liquidación), así como jubilados de LFC participaron en una magna asamblea general en la explanada del estadio Azteca, donde miles de electricistas aprobaron un plan de acción para estallar la huelga.

También formaron equipos de organización para apersonarse en las entradas de unos 400 centros de operación y administrativos de lo que fue LFC. Durante la asamblea recibieron el apoyo de sindicatos nacionales e internacionales, los cuales los acompañarán en las actividades programadas para el próximo 16 de marzo.

La colocación de banderas rojinegras se sustenta en la certeza del SME de que LFC ha sido saqueada por el propio gobierno, en una estrategia ilegal, porque su definición jurídica, así como el destino de las relaciones laborales en ese organismo es aún materia de análisis en el Poder Judicial.

También argumentan que tienen derecho a estallar la huelga porque hay violaciones a los derechos de más de 20 mil jubilados de LFC, cuyos pagos carecen de garantía financiera para el futuro.

El SME afirmó que el expediente del amparo solicitado ya se encuentra en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esparza aseguró que cuentan con fotos, videos y otras pruebas certificadas ante notario público que evidencian el saqueo, lo cual es motivo suficiente para resguardar las instalaciones.

Previo al estallamiento, el SME entregará a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un documento con el reglamento para operar esta huelga y, posteriormente, se distribuirán en cada uno de los ingresos de las instalaciones del organismo extinto.

Tanto en entrevista como en las intervenciones de la asamblea, los electricistas ratificaron que el movimiento es pacífico y que ante una tentativa de represión la responsabilidad será del gobierno federal y de sus fuerzas armadas, que tienen la orden de cuidar las instalaciones sólo de la puerta para atrás.

Destacaron que los afiliados que no han cobrado su liquidación no son ex empleados, sino trabajadores que mantienen una lucha jurídica en tribunales, mientras que el gobierno se ha dedicado a cometer abusos de autoridad.

La dirigencia del SME, encabezada por Esparza, y sus representados afirmaron que a cinco meses de lucha se encuentran en la hora decisiva y continuarán en este movimiento con el apoyo de otras organizaciones, en lo que han denominado huelga política nacional.

Anunciaron que habrá actividades en todas las entidades del país, de quienes apoyan a los electricistas y a los mineros de Cananea, que defienden el derecho a la huelga.

Frente a miles de electricistas, Esparza pidió que vayan “con la frente en alto y el corazón caliente, porque Felipe Calderón no va a pasar sobre este sindicato de 95 años de lucha e historia.

Hagámoslo por nuestros fundadores, por quienes han muerto, por las compañeras que estuvieron en huelga de hambre, por todos nosotros, sigamos adelante, expresó.

Hubo diversas propuestas de los oradores, desde algunas para buscar un pacto de amistad con el sindicato de la CFE (SUTERM), hasta ser cuidadosos y tomar fotografías y videos al advertir una posible represión gubernamental.