El primer día que el presidente Felipe Calderón viajó a Ciudad Juárez después de la sacudida provocada por la ejecución de 16 adolescentes en Villas de Salvárcar, el obispo Renato Ascencio León exponía con pesadumbre que la presencia del mandatario no había detenido los asesinatos: ocurrieron tres ese día.

Desde aquella visita del 11 de febrero, hasta la tercera que el Presidente emprenderá hoy, han transcurrido 34 días y 227 homicidios en la ciudad fronteriza (según el recuento del corresponsal Rubén Villalpando, con base en datos oficiales), que se encuentra más convulsionada por los crímenes del pasado sábado de Lesley A. Enriquez, Arthur H. Redelf y Jorge Alberto Salcido Ceniceros, empleados y personas vinculadas con el consulado estadunidense en Juárez.

Mientras ocurría esta tragedia que provocó la indignación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Calderón aprovechaba el puente festivo de tres días y descansaba en compañía de su familia. Hoy volverá a esa ciudad fronteriza para poner en marcha el Programa Oportunidades urbano y evaluar los resultados de la estrategia aplicada por su gobierno, de la que aún no hay un documento definitivo.

En una burbuja rodeada de seguridad durante sus giras, el mandatario federal se encontró por primera vez con reproches y el resentimiento de la sociedad juarense en la primera sesión del foro Todos somos Juárez. Construyamos la ciudad. La voz que simbolizó esas expresiones fue la de Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña, dos de los 16 jóvenes que murieron en aquella fiesta del 31 de enero pasado.

Las disculpas ofrecidas por el Presidente al inicio del foro, por llamar erróneamente pandilleros a los muchachos asesinados, no lo pusieron a salvo del reclamo de la señora Dávila, quien se colocó enfrente de Calderón y declaró:

“Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Les dijeron pandilleros a mis hijos asesinados. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Lo que quiero es justicia. Póngase en mi lugar, a ver qué siente.

¡No me diga sí, haga algo, señor Presidente!, remató la mujer, que luego fue seguida por Margarita Zavala y el obispo de Ciudad Juárez, quienes intentaron consolarla en un rincón del salón, mientras otros asistentes repartían reclamos al alcalde José Reyes Ferriz y a Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República, quien tuvo bajo su responsabilidad la investigación de los asesinatos de mujeres ocurridos en Juárez en años recientes.

A las exigencias de que saliera el Ejército de Ciudad Juárez, el presidente Calderón respondió, golpeando con una mano el atril, que “los operativos se mantienen” y exigió pruebas de los mil caso de abusos presuntamente cometidos por militares y que fueron denunciados por activistas de derechos humanos.

Al no convencer a los juarenses con su plan centrado en el reforzamiento de la seguridad y en algunas medidas sociales, sobre todo en educación, Calderón tuvo que nombrar a tres representantes del gobierno federal de bajo perfil: Albelardo Escobar, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, que el propio Ejecutivo federal propuso desaparecer; Luis H. Álvarez, consejero para la atención a grupos vulnerables, y Antonio Vivanco, jefe de asesores de la Presidencia.

La segunda visita, el 17 de febrero, fue menos agitada, pues quedaron excluidos activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas, aunque las recriminaciones al Ejecutivo continuaron e incluso fue emplazado por empresarios a dar resultados en 100 días. Siendo honestos, no se pueden esperar cambios inmediatos, respondió Calderón y así ocurrió en este tiempo.