San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de marzo. Las llamadas ciudades rurales sustentables (CRS) nacieron como un ambicioso proyecto gubernamental de reordenamiento poblacional, dentro del Proyecto Mesoamericano que, de México a Colombia, tiene su centro geográfico y estratégico precisamente en las montañas de Chiapas. Se echó a andar en 2007, ante las inundaciones del río Ostuacán, que llevaron a la construcción de la CRS San Juan de Grijalva, muy celebrada por el gobierno y la coalición empresarial que copatrocina el proyecto.

El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) ha postulado desde 2008 que se trata de una estrategia de contrainsurgencia. Los investigadores Mariela Zunino y Miguel Pickard señalan que los programas gubernamentales que en lo discursivo se alzan con el objetivo de la lucha contra la pobreza y en pos del desarrollo de los pueblos, obedecen más bien a mecanismos de desintegración comunitaria y rompimiento del modo de vida campesino-indígena.

Paraíso para las inversiones

Sostienen que “el plan de contrainsurgencia se encuentra disfrazado bajo el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que lejos de basarse ‘en el valor de la solidaridad, con respeto a los recursos naturales de las próximas generaciones’, busca convertir al estado en un ‘paraíso’ para las inversiones” y la integración económica neoliberal. Bajo la misma lógica se inscriben el reordenamiento territorial, la privatización de tierras, la militarización de comunidades, los megaproyectos de infraestructura y los desarrollos turísticos. El control de población busca fragmentar y disipar cualquier intento de un modelo que difiera del patrón estatal, y tiene como fin la desmovilización de los pueblos.

Miguel Ángel García, del organismo ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste, destaca la coincidencia de intereses de cementeras y constructoras, primeras beneficiadas con estas obras. Así, entre los principales impulsores están Cemex y Comex (empresas de cemento y pintura, respectivamente).

Según datos oficiales, en Chiapas existen 19 mil 386 localidades. De ellas, 14 mil 346 (74 por ciento) tendrían menos de 100 habitantes. Al determinar que la dispersión es la verdadera causa de la pobreza, y resuelto a enfrentar el binomio, el gobierno estatal lanzó el programa de CRS para concentrar a la gente dispersa. El mayor reto para el gobierno es convencer a la gente del campo no sólo que se reubique y concentre sino que rompa con un estilo de vida milenario y, además acceda a perder su mayor patrimonio, la tierra que habita. El dilema era mayúsculo, sostiene Ciepac, pero en la lógica de que las crisis ofrecen oportunidades, lluvias y aludes brindaron una solución para el gobierno. La primera CRS se construiría para brindar vivienda a los damnificados. Inicialmente se anunció la edificación de 25 CRS durante la presente administración. Al parecer tal meta no será cumplida, pero la de Santiago El Pinar, en los Altos, sí estaría lista este año.

Para CIEPAC, el proceder del gobierno de Chiapas en torno a las CRS ilustra lo descrito por Naomi Klein en La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre (2007), en el que se detallan ocasiones en que autoridades de distintos países, con una agenda de despojo a los pueblos, aprovechan los desastres para impulsar medidas que en otros momentos encontrarían un violento rechazo. Pueden ser naturales (terremotos, huracanes), o guerras y golpes de Estado, o una combinación de ambos.

Los objetivos de las CRS, concluye CIEPAC, forman parte de una política de Estado coordinada entre distintos niveles de gobierno, fuerzas de seguridad, sector privado y otros organismos, para concentrar a la población rural y, en su debido tiempo, separarla de la tierra que habita.