La privatización de la industria petrolera mexicana avanza a trasmano. Es lo que opina un grupo de artistas, intelectuales y académicos que emitió un pronunciamiento en el que llama a detener una política que, asegura ese colectivo, entrega parte sustancial del control de la paraestatal al capital privado.

Hay una clara decisión del gobierno federal de abrir al capital privado operaciones reservadas por la Constitución a Petróleos Mexicanos, hay proclividad a eso, aseguró en entrevista con La Jornada Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería y uno de los firmantes de ese pronunciamiento.

En estos días se discute el contenido de los llamados contratos por incentivos, figura creada a partir de la reforma energética de 2008, que regirá las relaciones entre Pemex y los particulares que participen en algunas actividades por cuenta de la paraestatal. Esos contratos, que el gobierno se ha negado a hacer públicos, son el instrumento que abre un resquicio para que se involucre a particulares en áreas reservadas, según Jiménez Espriú y otros expertos consultados por este diario.

Es necesario llamar la atención sobre estos contratos que negocia el gobierno sin darlos a conocer a la opinión pública, dijo a este diario Rocío Nahle García, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía.

La reforma energética de 2008 abrió la posibilidad de que Pemex contrate servicios con particulares dentro del marco constitucional vigente, recordó Jiménez Espriú. Aseguró que las normas generales para esos contratos, publicadas hace unas semanas en el Diario Oficial de la Federación, permiten operaciones expresamente prohibidas por la Constitución.

Específicamente, indicó, se abre la posibilidad de que se asigne a los particulares la explotación en exclusiva por un periodo determinado de una zona petrolera, o que se beneficien con una parte de las utilidades del área asignada. Esto simplemente es una transferencia de la renta petrolera, algo que está expresamente prohibido, dijo Jiménez Espriú. Lo único que puede hacer Pemex es contratar un servicio y fijar una retribución. No vale que se definan áreas de exclusividad para que un contratista las explote, ni dejar en manos de contratistas decisiones estratégicas. Esa es una función que corresponde a Pemex.

Otro de los firmantes del pronunciamiento, Alberto Montoya, profesor de la Universidad Iberoamericana, declaró a La Jornada que los cambios a la legislación energética de 2008 en realidad no frenaron los intentos de avanzar en la privatización de la industria petrolera. Las normas divulgadas por Pemex para la elaboración de los contratos previstos en la reforma energética, abundó, reconocen derechos al inversionista que en realidad implican una transferencia a particulares de la renta petrolera.

Alberto Montoya planteó un problema adicional. El objetivo de la política petrolera del gobierno es aumentar lo antes posible la plataforma de extracción de crudo a 3.2 millones de barriles diarios, el máximo logrado antes del inicio del declive de Cantarell. Es verdaderamente criminal exportar crudo sin valor agregado. Es absurdo, contrario al interés nacional, que se esté exportando crudo y que México sea uno de los mayores proveedores de Estados Unidos, apuntó el académico.

Es un punto en el que coincidió Jiménez Espriú. México sacrifica su seguridad energética a cambio de garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, el principal comprador del crudo mexicano. Si hay que vender algo de crudo, porque no tenemos más remedio que vender algo, ni modo. Pero se debe definir una estrategia, que no está considerada en la política energética actual, de disminuir las exportaciones al mínimo, para estar en condiciones de asegurar nuestro futuro energético y dar nosotros valor agregado al petróleo crudo.

El texto íntegro del pronunciamiento se publica en la página 11 de la edición de hoy de La Jornada.