A las voces que han cuestionado la presencia del Ejército en actividades policiacas se sumaron ayer las de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes exhortaron al presidente Felipe Calderón a revisar la estrategia anticrimen, porque se ha llevado a la institución castrense a un límite de su actuación, y estamos en riesgo de que además de vulnerar garantías individuales, también llegue a ser parte o eslabón de la cadena delictiva que la mafia organizada del narcotráfico es capaz de generar.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados la panista María Antonieta Pérez propuso al pleno aprobar la creación de una comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo federal en la estrategia para la recomposición social e institucional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En el Senado, el priísta Fernando Castro Trenti manifestó que por la vía diplomática el gobierno mexicano debe pedir a Estados Unidos que cambie sus disposiciones de fabricación y venta de armas. También se debería recurrir a la Corte Internacional de La Haya, agregó.

Indicó que su bancada presentará hoy esa propuesta y una más para que las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública de San Lázaro desentierren dos minutas que el Senado les envió el año pasado.

En cuanto a la participación de personal de agencias estadunidenses en la indagatoria de ilícitos en territorio nacional, en particular de los asesinatos de personal del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en derecho constitucional Alberto del Castillo del Valle afirmó que vulneraría la soberanía nacional, ya que toda investigación criminal es competencia exclusiva de autoridades mexicanas.

En San Lázaro, Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, expresó que la participación de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico se agotó, por lo que es hora de que Calderón revise el despliegue militar en Ciudad Juárez y se sustituya a los policías estatales con agentes federales, pues ya se está arriesgando de manera innecesaria a las fuerzas armadas.

Por la bancada priísta, Alfonso Navarrete Prida coincidió con Janet Napolitano en que fracasó la estrategia de utilizar al Ejercito en tareas anticrimen. Adelantó que su partido propondrá al Ejecutivo la creación de un consejo de atención a comunidades y municipios que presentan la mayor incidencia delictiva.

El senador panista Santiago Creel opinó que las descalificaciones de Napolitano ven la paja en el ojo ajeno cuando traen cargando una viga muy pesada por su corresponsabilidad por su consumo de drogas.

Con lo anterior coincidió el dirigente nacional perredista, Jesús Ortega, quien apuntó que Estados Unidos carece de autoridad moral para criticar la situación de violencia en México, pues es muy poco lo que ha hecho para detener el tráfico de armas. También señaló las deficiencias del actual gobierno para detener al crimen organizado.

El senador perredista Tomás Torres dijo que se debe reconocer la actitud de Calderón de dar la cara en Ciudad Juárez en una reunión compleja, y debe reflexionar sobre la información que dio el titular de Seguridad Pública federal, porque no es veraz ni correcta.