El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que difunda el número de testigos protegidos y los gastos erogados en ellos, tras revocar la confidencialidad de esos datos.

Dado que no se les cambia la identidad ni tampoco reciben sueldos, esa información se declaró inexistente.

A partir de una búsqueda de la información por parte del IFAI, se destacó en la sesión del pleno que entre 1997 y 2003 la PGR ha tenido 252 testigos protegidos; 48 en 2007; 67 en 2006, y 47 en 2007.

En ellos ha gastado 73 millones de pesos por manutención, arrendamiento de inmuebles y hoteles, así como estacionamientos, entre otros. Dichos datos fueron obtenidos de los documentos que hace públicos la propia PGR.

En cambio, el IFAI impuso el lapso máximo de reserva, por 12 años, al documento Sistema satelital México para la seguridad nacional, ubicado en los archivos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En ese texto se anuncia inédita inversión a largo plazo para incorporar nueva tecnología en ese sistema, a fin de poder combatir con mayor éxito al crimen organizado en México.

Una de las causas de la reserva es que si se dan parámetros de fondo, como el tipo de infraestructura usada en el sistema satelital y el que está por adquirirse, con la capacidad económica del crimen podrán obtener la tecnología para interceptar la información que se filtra en el sistema.

Sin embargo, en la resolución del recurso 48/10 se ordena a la SCT que dé a conocer la inversión proyectada en la infraestructura y nueva tecnología, al menos lo aprobado recientemente, pues es un proyecto a largo plazo.

Sobre el primer tema, la comisionada ponente, Sigrid Artz Colunga, revocó los datos estadísticos que la PGR clasificó a partir de 2009 sobre el número de testigos protegidos y le ordenó difundir esa información y lo erogado en ellos de 2007 a 2009.

En el recurso 5866/09 le da instrucciones de que haga una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus áreas y en los archivos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Corrupción.

El recurso fue aprobado por unanimidad, y entre las observaciones destaca la del comisionado Ángel Trinidad, quien calificó de preocupante que la PGR pretenda ir más allá de las interpretaciones que señala la Constitución, además que de nueva cuenta se evidencia que la administración pública federal no cuenta con estadísticas claras sobre ciertos temas, pese a que le servirían a las autoridades para tomar decisiones.

Sobre los sueldos a testigos, Artz Colunga afirmó que en audiencia en el IFAI los funcionarios de la PGR señalaron que no se les da, porque se podría interpretar como un incentivo económico para hacer manifestaciones ante el Poder Judicial.

Sobre el proyecto satelital, se especificó que fue presentado en diciembre pasado a la Cámara de Diputados. Dicha versión fue reservada por el lapso mencionado, ya que contiene datos sobre posiciones orbitales y respecto a la banda L, cuya difusión permitiría conocer las estrategias de seguridad, frecuencias, los equipos en tierra y banda móvil, así como a los proveedores, entre otros datos.