El sistema de justicia para adolescentes en el país es obsoleto. Está caracterizado por la opacidad, la lentitud y la ineficacia, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana, Rodolfo Campos Montejo.

Al participar en el foro de Justicia para Adolescentes, en el que participan los titulares de los tribunales de justicia de todas las entidades del país, el magistrado abundó que se trata de un modelo que fomenta la impunidad e impide la reinserción social de los menores y genera grandes incentivos para la delincuencia organizada, que los utiliza con mayor frecuencia como carne de cañón.

Ante esta situación, exigió a la Federación cumplir con su obligación de crear una ley federal en la materia, la cual permita no sólo quitar una carga de trabajo a los tribunales estatales, obligados a resolver casos que no son del fuero común, sino los dote de instrumentos y recursos para rencauzar el sistema de justicia.

El también presidente de Tribunal Superior de Justicia de Tabasco reconoció que estamos a punto de enfrentar en el país una justicia de adolescentes en crisis, que sufre la incapacidad del Estado mexicano, el cual que la instrumentó sin la planeación adecuada y sin el soporte económico necesario.

Durante su participación en el citado foro, que se realiza en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), explicó que urge una legislación federal en la materia, pues vemos con preocupación e indignación que los menores cada vez se involucran más en situaciones de violencia extrema.

Campos Montejo apuntó que los delitos más comunes cometidos por adolescentes son robo con violencia, violación, lesiones, homicidio, pero además se ha vuelto recurrente verlos involucrados en secuestros, asociación delictuosa, extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero sobre todo con tráfico de drogas.

Mencionó un caso ocurrido en su estado, en el cual una niña de 13 años, embarazada, fue utilizada como sicaria. En su declaración afirmó que fue reclutada y entrenada junto con otros menores para enfrentarse a balazos al Ejército.

En entrevista, cuestionó que a cinco años de aprobarse la reforma penal en la materia, ésta no tenga un soporte económico y se deje toda la carga a las entidades federativas, y ahora estamos en crisis y con un sistema de justicia para adolescentes colapsado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, coincidió con su homólogo tabasqueño en la necesidad que haya una ley federal en la materia, además de homologar las sanciones penales, pues mientras un homicidio cometido por un menor, por ejemplo, en Tabasco se castiga con pena máxima de ocho años de cárcel, en el Distrito Federal la pena mayor es de cinco años, mientras en otras entidades puede ser de 10 o hasta 20 años; además 11 estados de la República Mexicana no cuentan con legislación sobre la materia.