La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, notificó al sindicato minero que no concedió las medidas cautelares solicitadas por los abogados del gremio, como parte de la denuncia presentada ante esa instancia internacional contra el Estado mexicano, bajo cargos de violación al debido proceso legal y en perjuicio de mil 100 mineros de Cananea, Sonora.

La denuncia se presentó el 15 de febrero pasado, luego de que una semana antes un tribunal federal mexicano cerró en definitiva las puertas de defensa que tenían los trabajadores mineros para conservar sus empleos.

En entrevista con La Jornada, el abogado Marco Antonio del Toro, miembro del equipo de asesores legales del sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, informó: la CIDH nos acaba de notificar que por ahora no nos daba medidas cautelares, en virtud de que, según el resolutivo, no hay un riesgo evidente de que se pueda ir a tomar con el uso de la fuerza pública las instalaciones de Minera de Cananea, habida cuenta de que aún hay medios procesales en México que mantienen suspendida esa posibilidad.