Defensores de derechos humanos confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgue la libertad a las 12 personas detenidas por los hechos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y a las dos indígenas ñañú acusadas del secuestro de seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), luego de que la primera sala del máximo tribunal decidió revisar ambos casos.

El miércoles los ministros de esa instancia determinaron ejercer su facultad de atracción para analizar el amparo solicitado por Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, y el resto de los encarcelados desde mayo de 2006 por los hechos en ese municipio; así como la apelación presentada por las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas por la PGR de secuestrar a agentes federales.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que ambos procesos evidencian la criminalización de la protesta social, acusando de delitos graves como el secuestro a quienes se manifiestan contra los abusos de autoridad.

Entre sus conclusiones sobre ambos casos, dijo, la Corte debe plantear tres puntos: la libertad de los 14 detenidos, decretar que en México es una realidad la fabricación de culpables, y evidenciar la manera en que instancias del gobierno federal criminalizan la protesta social.

Estos dos casos son la punta del iceberg. En este país hay cientos de procesos semejantes. Por ello las decisiones de la SCJN sobre estos puntos tienen que empujar un cambio al sistema de justicia mexicano.

Un paso muy importante

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que lleva la defensa legal de las indígenas ñañú–, aseveró que la atracción de ambos casos por la primera sala de la SCJN es un paso importante, ya que consideró que se trata de sentencias injustas contra los detenidos por un uso faccioso de la justicia contra la protesta social.

En el caso particular de las dos indígenas, Arriaga dijo que la revisión de los ministros representa una oportunidad histórica para restituir lo que en derecho corresponde a Teresa y Alberta, pues en este caso la PGR vulneró los derechos de la mujer, a la no discriminación y de los pueblos indígenas. Lamentó que el gobierno federal use un delito como secuestro para procesar a quienes se manifiestan en su contra.

En Querétaro, Leopoldo Ramos y Andrés Díaz, abogados del Centro Prodh, y el presidente del Centro Jacobo Daciano, Bernardo Romero –que acudieron a una audiencia ante el tribunal unitario por el caso de las dos indígenas–, expresaron su confianza en que la SCJN reconozca en un periodo de tres meses la inocencia de sus defendidas.

Indicaron que al atraer el caso –de oficio– los ministros de la primera sala determinarán por mayoría de votos o unanimidad revocar la pena de 21 años de prisión contra ambas sentenciadas, confirmar la misma u ordenar reponer el procedimiento legal. Los dos últimos representarían los escenarios más lamentables, porque estarían perpetuando injustamente el encarcelamiento.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, manifestó su preocupación porque las dos indígenas ñañú hayan sido procesadas al margen de la ley y continúen en prisión.

En un comunicado, la CNDH informó que trabaja conjuntamente con el Congreso de la Unión para la solución de este caso. Recordó que sobre el mismo emitió una recomendación que no fue aceptada por la PGR.