La delincuencia organizada realiza cada vez mayores intentos para encontrar respaldo social; campañas para controlar a segmentos de la sociedad en diferentes regiones del país, como ya ocurre en Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, y con ello el riesgo latente y eventual de que pueda influir o intervenir, por medio de amenazas, intimidaciones o con recursos económicos, buscando contaminar campañas electorales y sus resultados, señaló el diputado federal y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado.

Durante un foro sobre el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el legislador indicó que México se encuentra hoy ante una grave crisis de inseguridad que amenaza con ubicarse en la esfera de la seguridad nacional y por ello es necesaria la participación del Ejército en ese combate.

El priísta sostuvo ante los representantes de derechos humanos, la procuraduría y la universidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que la violencia de los grupos criminales “no ha sido dimensionada en toda su magnitud, a pesar de las cada vez más claras demostraciones por establecer de facto situaciones de excepción, sustentadas en controles territoriales o plazas e incluso de asunción de atribuciones como ofrecer seguridad y tranquilidad a ciudadanos y autoridades a cambio de pagos económicos o de dejar hacer y dejar pasar, respectivamente”.

Señaló que los grupos criminales buscan “disponer de respaldo social en sus enclaves para el desarrollo de sus actividades, recurriendo, por ejemplo, a jóvenes rehabilitados en Michoacán o en el intento fallido con sectores lumpenizados denominados Los Tapados, en Nuevo León, o en el caso más sonado de Ciudad Juárez, con la vinculación e incorporación de las pandillas.

Esos grupos generan cada vez más campañas para controlar segmentos de la sociedad en diferentes regiones del país mediante la fuerza, promoviendo virtuales toques de queda durante los fines de semana para proyectar la idea de que algunos grupos tienen los recursos para movilizar comandos criminales con presunta capacidad superior al Estado para desactivar células rivales violentas.

Vargas Fosado puntualizó que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado no es lo que todos deseamos; sin embargo, su intervención se ha hecho imperativa ante el escenario de realineamiento de las alianzas de conveniencia entre esos grupos para generar frentes coyunturales contra la estrategia gubernamental y para desarrollar nuevas actividades delincuenciales en agravio de la sociedad.

En ese contexto, dio a conocer estadísticas de los logros del Ejército en la lucha contra el narcotráfico en los tres años recientes: 61 por ciento de la cocaína decomisada (55.2 toneladas); 89 por ciento de la mariguana (5 mil 129 toneladas); 19 por ciento del total de detenidos (18 mil 106 personas) y 20 por ciento del dinero asegurado en dólares (76 millones 657 mil 610 dólares).

Ya nos dimos cuenta

Marcos Fastlicht Sackler, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, afirmó: ya nos dimos cuenta que el problema nos rebasó, se dejaron pasar años importantes y floreció la delincuencia y el narcotráfico. El cambio fundamental fue cuando dejamos de ser únicamente transportadores para convertirnos en consumidores. Hubo una gran falla de visualización y se dejó crecer de manera monumental; ahora estamos viviendo una problemática que no tiene remedio a corto plazo, y en mi opinión hay que empezar de cero, porque el Ejército no puede solo, el gobierno federal no puede solo y no pueden los ciudadanos solos.

–Esa visión de que el problema los rebasó ¿también lo ha reconocido el procurador Chávez?

–Sí, aunque no con esas palabras.

Entrevistado al término de la inauguración del séptimo Foro Nacional de Seguridad, Justicia y Paz, reveló que el consejo que preside tendrá injerencia en el análisis de los expedientes de los candidatos a agentes federales ministeriales y también en la designación de los delegados de la PGR.