Especialistas en el campo laboral alertaron que la propuesta de reforma presentada por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados no sólo favorece los intereses del sector empresarial y agrede los derechos de los trabajadores, tampoco toca temas centrales como la ausencia de una verdadera representación sindical ni atiende la urgente necesidad de transformar los órganos de justicia laboral que hoy carecen de toda imparcialidad.

Aseguraron que, si bien es necesario impulsar una reforma que atienda las transformaciones sociales, económicas y laborales del país, no podemos limitarnos a una propuesta que se queda al margen de los graves problemas laborales que enfrentamos, sin entrar a fondo ni proponer soluciones concretas a una realidad que demanda la protección de los escasos derechos que aún quedan al trabajador.

Luego de que se difundió que la propuesta presentada por el PAN plantea instaurar la contratación por hora y temporada, limitar el pago de salarios caídos y establecer la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga –entre otros puntos–, Graciela Bensusán, experta en sindicalismo y catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reconoció que es muy preocupante que desde las administraciones panistas se insista en eliminar cualquier protección de la fuerza asalariada frente al desempleo y, peor aún, condicionar el derecho de huelga a un arbitraje de tribunales que no garantizan un trato justo.

Patricia Kurczyn, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y presidenta de la Sociedad Mexicana de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, subrayó que la reforma laboral no debe tocar derechos a la huelga, de seguridad social, al trabajo con estabilidad y permanencia, salarios bien remunerados, prestaciones, libertad de asociación para defender sus derechos y autonomía sindical.

Se debe tener cuidado con la reforma. Al aplicarla no se puede pensar que los trabajadores tienen que ser los que paguen las consecuencias de los problemas económicos de la globalización. No es culpa de los trabajadores y sus prestaciones que no haya trabajo.

Javier Aguilar, especialista en sindicalismo del Instituto de Investigaciones Sociales, señaló que la reforma presentada por el PAN resultaría injusta para los trabajadores, pues se perdería la ya de por sí trastocada estabilidad en el empleo y se impedirá el crecimiento de los sindicatos.

El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani precisó que si bien es muy urgente una reforma y la elaborada por el Ejecutivo contiene elementos positivos –como el voto secreto en la elección de dirigentes sindicales–, la falta de cambios en los órganos de procuración de justicia laboral no resuelve los problemas estructurales del mundo del trabajo.

En cambio, tiende a aumentar el nivel de precarización en un contexto en que sólo uno de cada 100 trabajadores cuenta con un sindicato real que lo represente y un contrato colectivo en el que se superen los derechos mínimos que establece el 123 constitucional.

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza (gremio que desde octubre pasado encabeza una lucha por la recuperación de su empleo y la defensa de su contrato colectivo), dijo que la iniciativa referida tiene muchas lagunas en lo relativo a las garantías constitucionales: derecho al trabajo, al salario remunerador, a la firma de un contrato colectivo, la organización en sindicatos y el derecho de huelga.

La pregunta es: ¿la iniciativa fortalecerá o debilitará la contratación colectiva? La respuesta es: la debilitará, porque si esa ley se aprobara haría prácticamente imposible que cualquier organización de trabajadores buscara una contratación colectiva legítima, simplemente por los obstáculos que impone, dijo.

Además, el problema es que se intenta modificar las reglas de trabajo para intentar ajustarlas a las reglas del mercado.