El Movimiento de Solidaridad con Cuba denunció ayer que los enemigos de la revolución cubana a escala mundial y en México han aprovechado la muerte, tras una huelga de hambre, de Orlando Zapata, y el ayuno que realiza Guillermo Fariñas, para lanzar una campaña injerencista contra la isla, cuyo eje gira en torno a supuestas violaciones de derechos humanos.

En un acto de apoyo a la isla, Jesús Escamilla, dirigente de la agrupación, se refirió a la intención de los senadores del PRD Graco Ramírez y el PRI Rosario Green, de solicitar una visa para viajar a Cuba y entrevistarse con presos políticos. Al respecto, dijo que si están preocupados por el tema, que visiten a los presos políticos de Atenco, uno de los cuales –Ignacio del Valle– purga una pena de más de 100 años de prisión.

En un posicionamiento que dio a conocer durante el acto realizado frente a la embajada de Cuba en México, el movimiento de solidaridad resaltó que ni los gobiernos europeos ni el de Felipe Calderón, con una larga trayectoria de espantosas violaciones a los derechos humanos en sus propios países, tienen autoridad moral para erigirse en jueces sobre este tema y usarlo como pretexto para intervenir en los asuntos de la isla.

Resaltó que Orlando Zapata estuvo encarcelado por delitos comunes cometidos con lujo de violencia durante el periodo de 1993 a 2003. En ese lapso nunca figuró en la lista de supuestos presos políticos elaboradas por organismos internacionales. Fue durante su último encarcelamiento que se juntó con elementos contrarrevolucionarios, quienes lo animaron a lanzar su huelga de hambre para exigir televisión, estufa y teléfono personal en su celda.

Colaborador de Radio Martí

Por lo que hace a Guillermo Fariñas puntualizó que es colaborador de Radio Martí, emisora financiada por el gobierno estadunidense, pero políticamente dirigida por las fuerzas más reaccionarias de Miami, cuya meta es la desestabilización del gobierno cubano.

Sobre los presos contrarrevolucionarios, destacó que no fueron encarcelados por sus opiniones políticas sino por su colaboración abierta y bien documentada con la política hostil del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. La legislación cubana, como la de muchos países, prohíbe a sus ciudadanos colaborar y recibir financiamiento de un gobierno extranjero para fines políticos, añadió.

Por lo demás, expuso que los dirigentes de la revolución tienen el legítimo derecho a defenderse, a tomar las medidas que consideren necesarias contra las políticas injerencistas.