La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal detectó una serie de anomalías administrativas y financieras en las auditorías que aplicó a ocho delegaciones políticas, dos órganos autónomos, dos secretarías del gobierno capitalino y ocho entidades públicas.

Con base en el reporte contenido en los informes finales de auditoría del ejercicio fiscal de 2008, las irregularidades van desde controles deficientes en las adquisiciones, pagos o contratos de obra pública, y expedientes mal integrados de contrataciones de personal, hasta la falta de actualización de padrones de contribuyentes o reducciones fiscales y condonaciones de derechos sin la documentación que acreditara la procedencia.

El documento, entregado a la Comisión de Vigilancia de la ALDF por el órgano de fiscalización detalla, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no comprobó que el inmueble que adquirió en la calle Niños Héroes 119 haya estado libre de gravámenes, siendo que reportaba tres hipotecas, además de que en el proceso de compraventa se omitieron documentos que debían ser expedidos por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se detectó que se otorgó un anticipo de aguinaldo a la coordinadora general de Administración por un total de 65 mil pesos, sin que hubiera autorización y lineamientos para ello.

Otros casos

Por lo que se refiere a las delegaciones políticas, algunas de las que incurrieron en anomalías, que derivaron en recomendaciones de la CMH, son Magdalena Contreras, Coyoacán e Iztapalapa. Por ejemplo, en esta última se encontró que en 2008 al menos seis prestadores de servicios profesionales laboraban al mismo tiempo en esta demarcación y en otra entidad del gobierno central.

Respecto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la contaduría encontró deficiencias de control en la documentación para el otorgamiento de donativos y para el seguimiento de las actividades realizadas con dichos recursos.

Mientras, en la Procuraduría Social hubo anomalías en la integración de los expedientes de las unidades habitacionales que recibieron ayudas.

Todas esas recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda deberán ser corregidas por el ente auditado.