La delincuencia ha variado las formas en que extorsiona a la ciudadanía. Ya no es suficiente tener un identificador de llamadas, no revelar datos personales, dejar de creer en sorteos milagrosos o saber dónde están los familiares.

Basta con que alguien emprenda una obra de remodelación en su casa para que un verificador de obras aparezca y trate de cobrar una multa debido a que no se tienen los permisos correspondientes.

Los oficios enviados por los verificadores no sólo tienen membretes, sellos del gobierno local, nombres de supuestos directores de obras y lucen idénticos a los que son expedidos oficialmente en las delegaciones, sino que también incluyen un número celular del arquitecto que va a realizar la verificación, para que el propietario llame.

En los primero minutos del contacto, el arquitecto pide dinero para no clausurar. El resto del día, llegan múltiples llamadas de presión para depositar en una cuenta de una tienda departamental.

Fuentes judiciales indican que esto ocurre en varias delegaciones, donde operan bandas bien organizadas, en donde incluso se sospecha que hay colusión con casas de materiales de construcción o trabajadores de las propias delegaciones.

Uno de estos casos se asentó en la indagatoria FAS/T1/00074/ 10-01, en la que se documenta que el 26 de enero pasado una banda dedicada a este tipo de extorsiones dejó una supuesta notificación de clausura en un domicilio ubicado en la colonia Santa María la Ribera, delegación Cuahutémoc, en la que se daba cuenta de una sanción de 10 mil 500 pesos por realizar una obra sin permiso.

El denunciante se comunicó con el arquitecto Carlos Castillo Paz, cuyo teléfono fue escrito en el anverso de la hoja oficial.

El supuesto arquitecto le solicitó al encargado de la obra llegar a un acuerdo para no perjudicarlo. El arregló se acordó en 5 mil pesos. Una vez aceptada la entrega del dinero, un hombre llevó los supuestos permisos para continuar la obra en el domicilio, sin que le fuera notificado al denunciante que así sucedería.

Sin embargo, minutos después, nuevamente se comunicaron con el encargado de la obra para notificarle que como ya tenía los permisos, ahora él debería depositar el dinero en una sucursal de Soriana. Esto garantizaba que la persona extorsionada nunca tuviera contacto con ninguno de los integrantes de la banda, afirmaron autoridades.

El afectado se negó a hacer el depósito hasta que el supuesto arquitecto accedió a enviar a alguien a recoger el dinero. El afectado solicitó apoyo de policías judiciales quienes lograron detener a Gerardo Gómez Zenteno, que además de haber sido policía del DF de 1995 a 2000, contaba con dos ingresos al Reclusorio Oriente por robo a transportista y agravado.

Aunque prácticamente se detuvo a Gómez Zermeño en flagrancia, el juez tercero penal, José Antonio de Alba de Alba, reclasificó el delito de extorsión agravada a extorsión simple y en el expediente no se configuró el delito de posesión de documentos falsos por lo cual este sujeto muy pronto seguirá extorsionando.