De nueva cuenta, este martes se reunirá la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con un tema central: la seguridad pública, recurrente en los pasados encuentros, que sólo ha producido encendidos discursos de los gobiernos federal y estatales, además de promesas para superar los rezagos en la materia. Los numerosos pronunciamientos para enfrentar el desafío del crimen organizado han sido inútiles, ya que la violencia en el país sigue incrementándose.

Esta ocasión la reunión será en Morelia, Michoacán, uno de los estados que más han resentido la presencia del crimen organizado, como ha sucedido en las dos ocasiones anteriores: Nuevo León y Durango. En ambos encuentros el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció redoblar los esfuerzos del gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado, y ha demandado corresponsabilidad a los jefes de los ejecutivos estatales.

Aunque en los recientes encuentros tanto el Presidente como los gobernadores han planteado mutuo respeto y colaboración, lo cierto es que han sido recurrentes los llamados a lograr mayores niveles de coordinación y a mejorar el marco legal para enfrentar lo que ha sido reconocido abiertamente como desafío del crimen organizado contra el Estado.

En Nuevo León –que enfrenta ahora un reto directo del narcotráfico–, por ejemplo, ya en marzo de 2009 Gómez Mont reconoció que el país se encuentra ante el mayor desafío a las instituciones del Estado mexicano en la historia moderna, por la delincuencia organizada. La actividad criminal ha superado la frontera del delito común. Se ubica como asunto de Estado, por las serias implicaciones para la seguridad pública nacional.

Sin embargo, a pesar de las coincidencias discursivas en la corresponsabilidad para luchar contra el crimen organizado, en días pasados, como parte de los trabajos preparatorios para la reunión de este martes, los mandatarios de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Michoacán, Leonel Godoy, fueron claros en dos señalamientos: el deslinde claro en cuanto a las facultades legales de los tres niveles de gobierno, y la urgencia de combatir el lavado de dinero.

En esa ocasión ambos destacaron que dicho combate es un asunto de estricta competencia federal y, en su caso, las corporaciones policiacas estatales y municipales están al margen de efectuar acciones directas para luchar contra las bandas de narcotraficantes.