Buenos Aires, 22 de marzo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció hoy por primera vez que Marcela y Felipe Noble, hijos adoptivos de la directora del grupo de medios Clarín, Ernestina Herrera de Noble, son niños apropiados durante la dictadura de 1976 a 1983.

Son prisioneros de la impunidad, que pasa por la práctica de la justicia, pues son apropiados, dijo Carlotto, tras anunciar que Abuelas presentó un recurso para rechazar el pedido de suspensión del cotejo de las pruebas de ADN, ordenado en forma sorpresiva por la Cámara de Casación.

Esto ocurrió luego de dos meses de que las pruebas para ser revisadas se encuentran en el Banco Genético, que ya ha logrado encontrar más de cien hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura, la mayoría nacidos en cautiverio o secuestrados muy pequeños con sus padres.

Es la primera vez que esta organización decidió utilizar el término apropiados, al definir el carácter de la relación entre Ernestina Herrera de Noble y los dos niños adoptados, actualmente mayores de edad.

Si fueran hijos de desaparecidos... van a seguir siendo lo que son. Nada va a cambiar en la herencia, sólo que la sangre que corre por sus venas no es la que creen, señaló la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien denunció al Poder Judicial por corrupto e injusto.

En tanto, la Cámara Federal confirmó hoy los procesamientos, sin prisión preventiva, del ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex comisario Jorge Fino Palacios y otros por su vinculación con la llamada Pista Siria, en la causa que investiga el cruento atentado contra la mutual judía AMIA ocurrido en 1994.

Se ratificó así el fallo del juez Ariel Lijo, que ya los había procesado en octubre pasado junto con Hugo Anzorreguy, Munir Menem, Juan Anchezar y Carlos Castañeda. También fueron elevados los embargos de bienes a más de cien mil dólares a Menem, Munir Menem, Palacios, Anchezar y Castañeda.

Se concluyó que el vínculo existente entre la familia de un sospechoso Alberto Kanoore Edul y la del entonces presidente Menem marcó el quiebre en el obrar de todos los procesados; es decir, actuaron con negligencia desde el punto de vista de los jueces y ocultaron pruebas.

El fallo de los jueces Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González confirma la resolución de Lijo, quien consideró que Menem instigó las maniobras para desviar las sospechas sobre su amigo y siempre estuvo informado de los avances de la investigación.

Menem es procesado como “instigador penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica –reiterada en ocho oportunidades–, violación de medios de prueba y autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad”.

En la causa se investiga el desvío de la investigación para dejar de lado la pista que conducía a Kanore Edul, descendiente de sirio-libaneses que se habría contactado con Carlos Telleldín el día en que éste entregó una camioneta Trafic, usada luego en un ataque del 18 de julio de 1994.

Esto traerá diversas respuestas, pues hay investigaciones donde no queda muy firme el tema de la camioneta o la culpabilidad de Kanore Edul, y abogados defensores de éste denuncian las presiones de Israel y Estados Unidos, que juegan a veces a la pista iraní y otras a la pista siria.

Por otra parte, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, requirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su pronunciamiento acerca de “la inconstitucionalidad “del decreto firmado por Carlos Menem que indultó a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar.

El 4 de julio de 2008 el decreto de inconstitucionalidad en primera y en segunda instancia fue girado a la corte y luego a Procuración General de la Nación, que emitió su dictamen el 26 de junio de 2009.

Sostuvo Duhalde que resulta inexplicable la demora judicial en el caso Martínez de Hoz, teniendo en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado en otros casos similares en materia de indultos. Hay delitos de lesa humanidad, imputados al superministro del terrorismo de Estado, cuya investigación no puede prosperar por la tardanza en resolver de la Corte.

Martínez de Hoz está acusado por la detención y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, secuestrados para obligarlos a firmar un convenio con empresarios de Hong Kong en el cual tenía intereses el ministro.

Además debe responder por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, funcionario de su ministerio.