l titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer una serie de medidas orientadas –según dijo– a incentivar la llegada de turistas a México, entre las que se incluye una nueva regulación en materia migratoria, elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración: los ciudadanos extranjeros que requieran de visa para ingresar a nuestro país podrían omitir dicho trámite, siempre y cuando cuenten con el mismo documento emitido por Estados Unidos. Adicionalmente, el gobernante planteó permitir el ingreso al territorio nacional de los visitantes que vengan en vuelos registrados y ya autorizados en aeropuertos de Estados Unidos (...) sin requerirles más que el pasaporte.

Aunque el propio político michoacano advirtió que los mecanismos señalados no se orientarán a una sola nación –Estados Unidos, en este caso–, sino que se harán extensivos a países que tienen convenios y certificados de alta seguridad que sean avalados por autoridades mexicanas, es inevitable percibir en aquéllos una claudicación de elementos esenciales de la soberanía nacional: la facultad de proteger las fronteras, de organizar el desplazamiento de los visitantes en el territorio nacional y establecer mecanismos de seguridad y control para el ingreso de extranjeros en el país.

Lo anterior no es una mera suposición: el propio Felipe Calderón reconoció ayer que la imposición de muchas de las medidas actuales de control migratorio en México obedecen a la seguridad de Estados Unidos. Ahora, la percepción de que la política exterior y las reglas migratorias vigentes aquí obedecen en buena medida a los designios e intereses de Washington se refuerza, pues según puede verse –y en política, forma es fondo–, la administración calderonista está dispuesta incluso a delegar en el gobierno de ese país la decisión y el control sobre quién ingresa y quién no al territorio nacional.

Por añadidura, y si se toma en cuenta que los controles al arribo de extranjeros no sólo están relacionados con el ámbito turístico, sino también –y ante todo– con los terrenos de la seguridad pública y nacional, el anuncio que se comenta reaviva los temores –suscitados a raíz de la visita reciente de los más altos mandos de la diplomacia, la seguridad, la defensa y el espionaje de Washington– de una escalada injerencista por parte de las autoridades estadunidenses en esos aspectos. Cabe preguntarse si la disposición anunciada por Calderón tiene algo que ver con la presencia de esos funcionarios en México, o si se trata simplemente de una desafortunada coincidencia y de un mal manejo de los tiempos y las formas por parte del gobierno federal.

En suma, si lo que se quiere es incentivar el desarrollo turístico de la nación –lo cual es, en principio, deseable y plausible–, el actual gobierno tendría que valerse de mecanismos distintos, más eficaces y menos nocivos para la soberanía, que los referidos.