El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU recomendó al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo, ya que permite la detención de personas sin que haya certeza de que se respetan sus garantías fundamentales. Expresó preocupación porque el Ejército se hace cargo de la seguridad pública, tarea que deben realizar civiles.

El gobierno mexicano se mostró dispuesto a dar seguimiento a las observaciones del CDH, y reiteró su compromiso con la apertura y la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Fabián Salvioli, integrante del comité, subrayó que en éste existe preocupación debido a que México no ha dado respuesta acertada a las anteriores recomendaciones que le ha hecho el comité en tres temas fundamentales.

El primero es que persiste la violencia contra las mujeres y la impunidad en Ciudad Juárez; el segundo se refiere al arraigo, que permite la detención de personas sin las debidas garantías, acorde con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el tercero es la persecución que sufren los defensores de derechos humanos y los periodistas, la cual en algunos casos culmina con la muerte.

El CDH pidió medidas de protección para activistas y comunicadores; instó a investigar ataques, asesinatos y amenazas en su contra, de modo inmediato, efectivo e imparcial, y que se despenalice la difamación.

El comité dio a conocer ayer sus recomendaciones sobre el quinto informe periódico que el Estado mexicano presentó en relación con el grado de cumplimiento del pacto mencionado. La última vez que analizó la situación en el país fue hace cinco años.

En la presentación del documento en Nueva York, Salvioli destacó que los tribunales militares de ninguna manera pueden juzgar hechos en los cuales las víctimas sean civiles. Resaltó que debe quedar excluida toda jurisdicción castrense para casos de violaciones de las garantías fundamentales, como han señalado instituciones regionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

México debe reformar su legislación para adecuarla a dicho pacto con el fin de que éste sea cumplido en todo el territorio nacional. Todas las entidades están obligadas a observar el acuerdo internacional, porque cuando no lo hacen, ocasionan responsabilidad al Estado, abundó.

El CDH denunció la persistencia de la tortura y de los malos tratos perpetrados por la policía, y demandó que mejoren las condiciones en las cárceles.

Solicitó al gobierno federal armonizar la legislación sobre el aborto, pues en muchos estados es aún ilegal en todas las circunstancias.

Por lo que hace a los pueblos indios, consideró que a pesar de las disposiciones legales y constitucionales, no se cumple con el deber de consultarlos en las cuestiones que les conciernen.

En contrapartida, reconoció avances en temas como la adopción de una ley contra la violencia de género y otra para prevenir y eliminar la discriminación, así como la ratificación de distintos instrumentos internacionales y la instauración del Programa Nacional de Derechos Humanos para 2008-2012.

Salvioli señaló que el diálogo con el Estado mexicano ha sido fructífero. El comité espera que cumpla de buena fe sus obligaciones conforme al pacto citado y en la próxima sesión, que será en 2014, se pueda encontrar que México ya cumplió con todas las observaciones recibidas.