omo una forma de hacerse de recursos financieros y de lograr supuestas mejoras operativas en el suministro energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido promoviendo el lanzamiento de un sistema de prepago, que operaría de manera similar a la compra de tiempo-aire para teléfonos celulares, y para lo cual la paraestatal planea concluir, en este año, con la sustitución de un millón y medio de nuevos medidores. A lo anterior se suma la distribución, desde principios de este año, de un monedero electrónico entre los usuarios de este servicio, con el cual se podrán efectuar compras en las empresas afiliadas y acumular puntos; la mitad de éstos se destinarán de forma automática al pago del servicio, y el resto podrá ser utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales afiliados al programa.

El mecanismo anunciado reviste aspectos por demás cuestionables. Por principio de cuentas, no pueden soslayarse los señalamientos realizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en el sentido de que la instalación de los nuevos medidores constituye una violación a los derechos de los usuarios, por cuanto implica una modificación arbitraria e inconsulta en el sistema de cobro. Es claro, por lo demás, que el cambio de estos aparatos implicará una importante erogación de recursos públicos por parte de la compañía paraestatal, y es de suponer que estos gastos habrán de ser trasladados a los usuarios, de por sí afectados en su economía por el deficiente servicio de la CFE y por el retiro de subsidios federales a las tarifas eléctricas.

Por añadidura, la sustitución de los medidores de la CFE ha provocado cuestionamientos sobre si dicha disposición se debe en efecto a un proceso de modernización y de mejora en las operaciones de la paraestatal, o bien a un designio de procurar oportunidades de negocio para empresas privadas. Son significativas, al respecto, las denuncias realizadas por el propio SME en el sentido de que el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro había concretado, antes de su extinción por decreto presidencial, la compra de un millón y medio de medidores a la compañía IUSA –asociada de la estadunidense General Electric y encargada de la sustitución de estos instrumentos de medición–, los cuales se quedaron en bodegas de la empresa que, por cierto, requería al año solamente unos 500 mil aparatos de ese tipo para hacer remplazos.

Por lo demás, la venta de publicidad en los recibos de luz, y la aplicación del programa monedero electrónico para la compra en distintos comercios, son medidas que se explican por una concepción pragmática y mercantilista de las autoridades sobre ese servicio público estratégico.

En suma, resulta exasperante que las autoridades federales se empeñen en sostener que las decisiones adoptadas en los meses recientes en el ámbito del suministro eléctrico, entre las que se cuentan la desaparición de LFC y la decisión de licitar dos hilos de la vasta red de fibra óptica de la CFE, obedecen exclusivamente a criterios de índole técnica y financiera, y que eludan, en cambio, hablar sobre las implicaciones que esas medidas tendrán sobre un bien público que representa, según puede verse, un atractivo botín para particulares nacionales y extranjeros.