as vueltas del tiempo y los vuelcos de las herencias, ajenos o no a los genomas o al ADN, nos ofrecieron memorias cinematográficas sobre la vida, ascenso y caída de Escobar Gaviria, el gran capo colombiano; el de la guerra al frente de los extraditables; el de los miles de muertos y millones de dólares que se disolvieron en el mito y la leyenda. El documental lo elaboró su hijo y viene a cuento porque, entrevistado por la televisión, expresó su pesar por los miles de muertos. Y dio una cifra: son miles, pero menos de los que suman ya los caídos en la guerra de Calderón contra el narco. Contra el crimen organizado, dicen.

Y uno quisiera que no se hubiera empezado a hablar de guerra, sino de control del narcotráfico, tal como lo hacen la DEA y otras agencias de la potencia vecina, la del gran mercado y el imperio cuyos límites se extienden mucho más allá que los del antiguo imperio romano. Su frontera inmediata, al sur, es la única con el subdesarrollo y la pobreza. Del Pacífico al Golfo de México. Y ahora, con la extensión del Plan Mérida, del río Bravo al Suchiate. Con el agravante de la continuidad fatalista de la guerra de Calderón, para la cual ofrecen las agencias estadunidenses de seguridad nacional y de control del narcotráfico ayuda en el uso de los métodos de guerra contra el terrorismo, pues. Casus belli provocado por el uso del lenguaje. Y porque el fuego del vecino ya traspasa el lindero y ya arde en doscientas ciudades de Estados Unidos.

¡Arde Ciudad Juárez! Y no hay funcionario en Washington que no se pregunte, ¿Arde Chicago? O Atlanta, o Los Ángeles, o Houston, o Seattle. Por eso vinieron Hillary Clinton, secretaria de Estado; Robert Gates, secretario de la Defensa; Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior; Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto; Gene Renuart, jefe del Comando Norte; y Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional. Y Los Pinos se convirtió en búnker: los enviados de la potencia vecina a un lado de la mesa y frente a ellos, el presidente Calderón, sus secretarios de Defensa y Marina, de Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Gobernación y los auxiliares, asesores internos y externos. Los miles de muertos proclamaban la apabullante violencia, la barbarie de los degüellos y descuartizamientos. La reunión en el búnker de Los Pinos formalizó el estado de guerra.

Malas noticias para los jóvenes turcos que hablan de recuperación, de crecimiento, de empleos al alza y la dicha a la vuelta de la esquina. Ver reunida a la plana mayor de la potencia en la casa del vecino tuvo impacto global. Habrá quienes esperaran verlos en Bagdad, en Kabul, en Islamabad. Tal vez por una urgencia derivada del crecimiento de la OTAN y la amenaza de aislar a Rusia. Vinieron y el jefe de Estado Mayor Conjunto elogió a los jefes militares mexicanos y habló en el Capitolio de la urgencia: el incendio es hoy; no se puede pedir paciencia al vecino. Arde México. No hay quien se oponga al uso de la fuerza legal. No se trata de dar marcha atrás, ni de que las tropas del Ejército y la Marina vuelvan derrotadas a sus cuarteles. Pero el lenguaje bélico no cesa. Felipe Calderón acepta la continuidad fatal, más allá del mandato sexenal: en 2012, lo importante, más que el color del partido es que (el aspirante) dé color en el tema de la seguridad y de la ley.

Hay que dar la palabra al imperio de la ley en la cosa pública; a la política social de Estado en la República laica; a la educación, a la salud, al empleo, a la urgente recuperación del crecimiento bajo la rectoría estatal de la economía, la separación de poderes y la tutela de los intereses de los trabajadores en las relaciones laborales. La guerra. La que sea, contra el crimen. Contra el terrorismo, es la prolongación de la política. Por otros métodos. Pero éstos no eluden para siempre la atención a lo socioeconómico, a la desigualdad, al hambre y a la impunidad.

Bienvenida la plana mayor del gabinete de seguridad del vecino del norte. Hillary Clinton asumió la responsabilidad de su gobierno por la demanda y consumo de drogas, el contrabando de armas a México y el compromiso mutuo de fortalecer las instituciones de seguridad. Alivio de los polkos de la derecha de prosapia, heredera de la derecha tecnocrática de “la primera generación de americanos nacidos en México”. Y renovada inquietud de quienes todavía se aferran a la soberanía nacional: la señora Clinton habló de combatir al terrorismo; y de la urgencia de fortalecer las políticas socioeconómicas en México.

Lo grave es que tiene razón. Y que tengan que venir desde el Potomac a decirlo en Chapultepec. Sin dramatizar, sin traer a cuento el proconsulado. Pero el embajador Carlos Pascual diría en el ágora electrónica que cuando el Ejército Mexicano actúa concertadamente con la policía y de acuerdo con el Ministerio Público, cumple con eficacia y con el imperio de la ley. Como sucede en Tijuana, dijo. No es que asuste el contraste con los alardes presidenciales. Pero los muertos de Ciudad Juárez, del Tecnológico de Monterrey, de Acapulco, Torreón, Reynosa, los de la sangrienta geografía nacional no son bajas de guerra, víctimas de fuego cruzado, o delincuentes todos, abatidos por el uso legal de la fuerza armada. Y ya suman más que los de la guerra de Escobar Gaviria.

Y muchos mexicanos hemos denunciado el estado de excepción ficticio; llamado a hablar de control del narcotráfico y no de guerra. Hemos exigido que si las fuerzas armadas toman el lugar de la autoridad civil, desarman policías, desplazan al Ministerio Público, han de hacerlo al amparo de la ley, conforme lo dicta la norma establecida. Ya el secretario de la Defensa ha pedido que se legisle para que el Ejército actúe amparado por la ley. Es natural que inquiete la posibilidad de que en el futuro se acusara a los militares de violaciones a los derechos humanos. O de crímenes de lesa humanidad.

La norma constitucional faculta al Presidente de la República para declarar el estado de excepción, suspender garantías individuales, pero previa autorización del Congreso de la Unión. Viene ayuda del norte, con inteligencia militar y estrategias para combatir al terrorismo. La respuesta no está en el lenguaje belicista, sino en el imperio de la ley. Hay una iniciativa de reformas en el Senado de la República que ratifica la obligación de solicitar permiso del Congreso; obliga a no hacerlo ante la Permanente sino tener que citar a período de sesiones de estar en receso; señala con detalle cuáles garantías individuales y derechos no podrán suspenderse en estado de excepción, aunque el Presidente cumpla el requisito de solicitar la autorización del Congreso. El senador potosino, Zapata Perogordo, detuvo el proceso.

Los guerreros de Los Pinos debieran entender lo dicho en el Capitolio: el incendio es hoy. Vienen días de guardar y se ven pocos Judas de cartón. Pero arde la pólvora y la humareda oculta la realidad. A las puertas del Tecnológico murieron dos jóvenes estudiantes de posgrado; venían de la biblioteca. Anunciaron la muerte de dos sicarios. Nadie vio sus credenciales. Nada se informó de la autopsia. En la guerra, la verdad es la primera víctima.

Hace ocho días, los que encapucharon bustos de Juárez conmemoraron su natalicio. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, dijo el indio de Guelatao en horas más oscuras. Y amaneció la República restaurada.