Plantea reparación del daño con apoyos monetario, sicológico y jurídico
Martes 30 de marzo de 2010, p. 31
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para crear la ley de protección a las víctimas del secuestro, en la que propone la reparación del daño a la víctima, con apoyos económicos, jurídicos y psicológicos.
En entrevista posterior a su comparecencia ante el pleno del órgano legislativo, el servidor público explicó que existen diversos asuntos derivados de un secuestro, en los que se requiere ayuda económica, entre ellos el cambio de domicilio de los afectados, por lo que se analizará junto con los diputados el monto que sería adecuado.
La iniciativa –que incluye cinco capítulos y 27 artículos–, plantea la reparación del daño directo que abarca la restitución del bien entregado para el rescate o el pago del precio del mismo, la indemnización del daño material y moral causado, así como el resarcimiento de los perjuicios civiles ocasionados.
Además propone garantizar los servicios de salud y educación a las víctimas indirectas y deudos, suspender las obligaciones fiscales, civiles y procedimientos jurídicos de la víctima directa en tanto dure el secuestro, y duplicar la prescripción de la acción penal por este delito.
Entra en función número para denuncias anónimas
En otro tema, Mancera Espinosa adelantó que este martes entrará en funcionamiento el número 01800 00 para atender la trata de personas, denuncias anónimas, y el inicio y seguimiento de averiguaciones previas.
También habló del caso de Salvador Cabañas al ser cuestionado por diputados del Partido Acción Nacional sobre la salida del futbolista de este país, sin haber hecho su declaración en torno a los hechos ocurridos en el Bar-Bar.
Al respecto, señaló que la familia del jugador se comprometió a acudir al consulado de Argentina en el momento que se requiera, y si no, hará uso del canal de comunicación permanente con la Procuraduría General de la República, particularmente con el área de Asuntos Internacionales, pues existe un convenio de asistencia internacional que le permite comunicarse de manera inmediata para tomar la declaración.