Ciudad Juárez, Chih., 29 de marzo. Personal del 35 Batallón de Infantería detuvo el pasado 29 de diciembre a tres personas –dos hombres y una mujer– y no los ha presentado, a pesar de que hay pruebas contundentes de que los militares los tienen en su poder, denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) María, Jaime y Rigoberto Alvarado, campesinos del municipio de Buenaventura, ubicado en el noroeste de Chihuahua.

En conferencia de prensa que ofreció este lunes en Ciudad Juárez, la familia Alvarado informó que “desde el pasado octubre, cuando miembros de la delincuencia organizada levantaron a tres miembros del grupo de inteligencia de la Policía Federal, entre ellos al comandante José Alfredo Silly, personal militar estuvo investigando y llegaba a Buenaventura, y en especial al ejido Benito Juárez, a levantar residentes, a los cuales se llevaban tres o cuatro días, y los regresaban torturados y con la amenaza de que no dijeran nada”.

Indicó que la CIDH ya solicitó al gobierno mexicano que informe sobre el paradero de José Ángel Alvarado Herrera, de 32 años; de Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 19, y de Rocío Irene Alvarado Reyes, de 30, así como sobre su estado de salud.

Afirmó que días después de que militares se llevaron a sus parientes sin presentar orden judicial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó haber participado en el operativo. Aseguraron que, no obstante, existen pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada.

Añadió que la camioneta en que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención fue incautada por el Ejército, que la puso a disposición en la Agencia Estatal de Investigaciones ubicada en Casas Grandes, donde permaneció varias semanas, según consta en el carpeta de investigación número 5326-000124/2009.

El vehículo fue devuelto a los familiares de los desaparecidos el 16 de febrero de 2010, pero la Sedena se negó a informar sobre el paradero de las personas que lo manejaban.

Recordó que el 30 de diciembre de 2009, familiares de las víctimas intentaron presentar una denuncia por desaparición forzada y un agente del Ministerio Público de apellido Leyva les dijo saber que sus parientes estaban detenidos en las instalaciones del 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes.

Añadió que el 31 de diciembre otro agente del Ministerio Público, de apellidos Enríquez Duarte, les tomó la denuncia y les dijo: tengan paciencia, sabemos que el Ejército los detuvo.

El 3 de febrero anterior, Nitza hizo una llamada telefónica a una amiga, a quien dijo llorando: ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva. El 22 de febrero representantes de las víctimas comunicaron a Gobernación y a Sara Irene Herrerías, fiscal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, el número telefónico del cual Nitza llamó, para que fuera rastreado.

Sin embargo, las autoridades federales han sido incapaces de localizar la ubicación del teléfono, o no han querido informar los resultados del rastreo.