Ante recientes decisiones en materia administrativa, que no han sido lo suficientemente justificadas en el Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero Marco Antonio Baños destacó la necesidad de crear una comisión que dé seguimiento a las determinaciones adoptadas en el área ejecutiva y al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Contraloría General.

Señaló que al menos dos decisiones adoptadas en el área ejecutiva no pueden ser bien vistas: la determinación de contra- tar una empresa que se haya abocado a la recontratación de una parte del personal despedido y la decisión de asignar los recursos provenientes de las multas aplicadas a los medios de comunicación al fideicomiso para el retiro de los trabajadores del IFE.

Baños dijo que ante este tipo de situaciones promueve la creación de una comisión de consejeros para revisar el criterio de las decisiones, pues consideró que en el caso de los recursos puede generar suspicacias sobre un eventual interés del IFE por sancionar a las empresas.

Por ello, consideró necesario asignar los recursos de las multas a otras áreas del IFE de las cuales los ciudadanos puedan resultar beneficiados en su atención. Actualmente sólo se tiene determinado que las sanciones que se les imponen a los partidos se canalicen directamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el financiamiento de becas.

–¿Es grave el déficit que se tiene del fideicomiso de retiro de los trabajadores?

–No sabemos, no tenemos ningún informe de la secretaría ejecutiva, pero una de las funciones de la comisión que he planteado es precisamente dar seguimiento a estos aspectos, porque no parece correcto destinarlo a la cobertura de los pasivos de los trabajadores del IFE.

–¿En los hechos no sería una contraloría de consejeros?

–Para nada. Existe un fundamento legal en el artículo 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece con toda claridad que el Consejo General es el responsable y tiene atribuciones para vigilar la oportuna integración y buen desempeño de los órganos del IFE. De lo que se trata, añadió Baños, es de cerrar tramos y optimizar el buen funcionamiento del instituto, de garantizar que las recomendaciones del contralor realmente sean aplicadas en la administración cotidiana del organismo.

Por ejemplo, dijo, el contralor cumple con su obligación, y en algunos casos las inconsistencias detectadas pueden derivar en procedimientos administrativos, pero en otros casos son recomendaciones para el mejoramiento operativo del IFE, que no siempre son acatadas con puntualidad, y la comisión de consejeros podría contribuir a que se realizaran las acciones pertinentes para cumplirlas.