La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, cuyo artículo 24 fracción 2 permite revocar el mandato a los miembros de los ayuntamientos cuando sufran incapacidad física o mental permanente. La CNDH considera que este precepto atenta contra los derechos fundamentales y que no debe prevalecer una norma que desplace del servicio público a personas discapacitadas que hayan sido electas.