Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) advirtieron que en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está impedir que el gobierno de Felipe Calderón continúe violando la Constitución, al avanzar en la privatización ilegal del petróleo.

Los senadores perredistas Tomás Torres y Graco Ramírez, y el petista Ricardo Monreal consideraron que la Corte debe resolver a favor de la controversia constitucional que presentaron los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda vez que el Ejecutivo se excedió en sus facultades al emitir los reglamentos de la ley de Pemex y de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

Calderón apeló nuevamente a una disposición secundaria para introducir la figura de contratos incentivados, que no es otra cosa que los contratos de riesgo prohibidos en la Carta Magna, y esa ilegalidad no puede ser avalada por los ministros, afirmó Monreal.

Por separado, el senador Pablo Gómez advirtió que en la reforma energética que se aprobó en 2008 se acotaron muy bien los incentivos que Pemex puede otorgar a los contratistas, pero el gobierno federal planea un esquema de extracción de crudo que cedería la renta petrolera a las trasnacionales, pese a que ésta no puede ser compartida por nadie, porque corresponde íntegramente a la nación.

Éste fue uno de los puntos que más se discutieron cuando se aprobó y dictaminó la reforma petrolera, porque con esos contratos incentivados o por desempeño es que se haría la privatización de la paraestatal, por ello la secretaria Georgina Kessel está tan preocupada por la resolución de la Corte, recalcó Monreal.

En tanto, el senador Ramírez Garrido Abreu, secretario de la Comisión de Energía, explicó que en el Senado el PRI no aceptó que se presentara la controversia, pero en la Cámara de Diputados la fracción del tricolor estuvo de acuerdo y llevó a la Corte el recurso que puede parar en definitiva las ansias del gobierno federal de privatizar Pemex.

El senador Gómez Alvarez dijo que esos contratos para la extracción de crudo se quieren convenir sobre la base de largo plazo y de zonas enteras, lo que implica otorgar a la compañía contratista una función permanente que corresponde sólo a Pemex. Eso no es legal, pero es más claramente ilegal pagar por la extracción a largo plazo sobre la base de un porcentaje del costo de la extracción misma.

Abierto el pozo y al pagar los costos industriales del mismo, el crudo está a la mano y todo el valor del petróleo, el cual es propiamente la renta, corresponde a la nación, y sobre éste no puede concederse ningún porcentaje, pues de ser así se estaría compartiendo la renta misma, destacó.