Buenos Aires, 1º de abril. Silvia Suppo, sobreviviente de la pasada dictadura militar, quien fue testigo clave en octubre pasado en el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros implicados en su secuestro y tortura, fue asesinada el pasado lunes en la provincia de Santa Fe, en lo que conmocionó a organismos de derechos humanos cuyos dirigentes advirtieron que el llamado de algunos políticos de la derecha local a olvidar el pasado, potenció la actividad amenazante de los responsables de crímenes de lesa humanidad y sus defensores.

Suppo había declarado en la causa Brusa, uno de los varios jueces que colaboraron y participaron de la pasada dictadura (1976-1983), que además tuvo como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos.

La justicia los sentenció el pasado 21 de diciembre a penas de 19 a 21 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a los que fue sometida Silvia Supo, quien también fue violada.

Secuestrada a los 17 años

Ella fue secuestrada a los 17 años en Rafaela y llevada a un centro clandestino de detención en la ciudad de Santa Fe junto a un hermano y a Jorge Destefanis, con quien después se casó.

Suppo, de 51 años, impulsaba la causa por la desaparición de su compañero de entonces Reinaldo Hammeter, secuestrado y desaparecido el 25 de enero de 1977 en la catedral de Rafaela, una pequeña comunidad de la provincia centro-este de Santa Fe.

Silvia Suppo fue atacada la mañana del 29 de marzo en su pequeño negocio de artesanías en Rafaela, donde la mataron de 12 puñaladas y luego sustrajeron algunos objetos. Una clienta que llegó al lugar la encontró agonizante; falleció en el hospital.

Pero acciones y versiones contradictorias de los policías que investigan el crimen y la detención de dos jóvenes, en cuyas casas –se dice– encontraron algunos objetos robados, no resulta creíble para la mayoría de los organismos.

El Espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen dando en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas.

Según la versión policial, entraron a robarle, pero la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró que era irresponsable atribuir el hecho a un robo tan rápidamente, y sostuvo su denuncia como asesinato en su calidad de testigo. El asesinato ha golpeado también a sus ex compañeros, que destacaron su valor al resistir las torturas y las terribles vejaciones a las que fue sometida, y su coraje para llevar adelante los juicios y reconocer a los responsables.

Asistente a una ceremonia para conmemorar el 34 aniversario del golpe militar en Argentina, el pasado 24 de marzo, en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, un centro clandestino de detención durante la dictadura (1976-1983)Foto Ap

Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió sobre la controversia judicial en torno a la búsqueda de la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, que esto se está transformando en una guerra que no debería haber existido porque no hay una intención política en medio. Lo que existe es una violación gravísima que no prescribe.

Sólo queremos la verdad sobre la identidad de los jóvenes, saber si son o no hijos de desaparecidos. Si hay amor como dice la señora, ¿por qué no allana esta verdad para los chicos?”, preguntó.

También sostuvo que si llegan a ser nuestros nietos, nadie los va a sacar de donde están ni les van a impedir vivir con quien quieran, ni hacer su vida normal, ni recibir las herencias que les corresponda: solamente van a saber quiénes son. Recordó que las Abuelas están detrás del caso desde hace más de 20 años y que fueron voluntariamente pensando que esta señora ( Noble) había adoptado sin saber el origen de estos dos chicos, cosa que ha pasado con otros 15 o 16 casos que hemos encontrado (…) Pensamos que la señora de Noble era inocente, fuimos a hablar en el 92, pero no nos recibió. Dijo además que no aceptan que se quiera utilizar el caso como un tema en la guerra contra el gobierno.

Aismismo familiares que buscan a niños apropiados en la dictadura denunciaron que dos jueces federales que intervienen en causas por robo de bebés participaron de la entrega de un niño en 1976. La denuncia apunta al actual juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchell y al integrante del Tribunal Oral Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires Jorge Martínez Sobrino por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi.

La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación por la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani junto a otros familiares, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. La presentación denuncia que ambos firmaron la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Y se alerta que Martínez Sobrino será uno de los magistrados que encabezará en los próximos meses el juicio por el robo sistemático de bebés y que el juez Gustavo Mitchel, por su parte, al integrar el máximo tribunal penal del país, podría tener que intervenir en la causa.