Como parte de la Iniciativa Mérida, los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron colocar grupos especiales de seguridad en ambos lados de la frontera que no sólo buscan detener el tráfico de narcóticos, sino también frenar el flujo de armas de fuego, municiones, explosivos y dinero en efectivo.

El más reciente informe sobre el avance de la Iniciativa Mérida, elaborado por la embajada de Estados Unidos, da cuenta del despliegue de estas agrupaciones, que en el país vecino se denominan Fuerzas de Tarea de Seguridad Fronteriza (BEST, por sus siglas en inglés).

En ellas confluyen funcionarios de inmigración y aduanas, así como de la Patrulla Fronteriza, entre otros agentes relacionados con la seguridad interna.

Puntualiza el documento que 10 Fuerzas de Tarea de Seguridad Fronteriza fueron colocadas en puntos estratégicos de la línea divisoria.

El propósito, señala, es optimizar los recursos de ambos países para detener a las organizaciones criminales que buscan explotar vulnerabilidades en la frontera que les permitan realizar actividades ilegales, como el contrabando de armas a México.

En el apartado referido a las acciones contra el tráfico de armas y lavado de dinero, señala que los gobiernos de ambas naciones se han aliado a un nivel sin precedente con el fin de realizar actividades bilaterales de interdicción, investigación e intercambio de información, con el objetivo de identificar y desmantelar las redes de criminales que trafican armas de Estados Unidos a territorio mexicano.

Por ejemplo, destacó que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos lanzó la versión en español del programa eTrace, un sistema en Internet que permite a los investigadores mexicanos rastrear armas procedentes de Estados Unidos.

También resalta que el gobierno estadunidense entregó cuatro sistemas integrados de identificación balística a laboratorios forenses de México con el fin de asistir en el rastreo de armas usadas en crímenes.

De igual manera, otorgó equipo de inspección no invasiva a las agencias mexicanas para coadyuvar en la detección de armamento, dinero y droga.

Por lo que hace al lavado de dinero, explica que agencias de procuración de justicia de las dos naciones se han unido para aumentar el intercambio de información, dentro de las normas legales y operativas vigentes, sobre rutas de tráfico de recursos económicos y redes de blanqueo que operan en México, Estados Unidos y otros países.

Además, un grupo bilateral ayuda a poner en marcha técnicas de investigación avanzada contra las organizaciones que lavan fondos provenientes del narcotráfico. Más de 350 agentes de la Procuraduría General de la República, así como de las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda, han sido entrenados en esta materia.

Por lo demás, expone que los gobiernos de Felipe Calderón y Barack Obama buscan maneras de apoyar la aplicación vigorosa de las leyes de extinción de dominio.