La aprobación de la Ley Federal de Extinción de Dominio –en agosto del año pasado– fue precedida de una fuerte confrontación entre el gobierno de Felipe Calderón y el Senado, ya que el Ejecutivo acusó al PRI de no colaborar en el combate al crimen organizado, por no acelerar el proceso legislativo, pero ocho meses después de la entrada en vigor del ordenamiento, no se ha aplicado.

Según datos oficiales del Poder Judicial, hasta finales de 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) no había presentado una sola demanda para quedarse con bienes de la delincuencia organizada, advirtieron los senadores Silvano Aureoles, del PRD, y el petista Ricardo Monreal.

No tenemos noticias de que la Ley Federal de Extinción de Dominio se haya aplicado como una necesidad imperiosa para quebrar la estructura financiera de las bandas de narcotraficantes y secuestradores, expuso a su vez el priísta Fernando Baeza, con quien coincidió su compañero de bancada Fernando Castro Trenti.

Los legisladores consideraron inexplicable que el gobierno federal no aplique ese régimen especial que le entregó el Congreso, el cual le permite con celeridad quitar bienes a los delincuentes.

Podrán caer capos de todos tamaños, pero mientras no se expropien sus bienes y recursos no caerán las organizaciones criminales, recalcó Monreal. Recordó que el Senado trabajó en esa ley durante más de un año, ya que la iniciativa original que Calderón envió al Congreso vulneraba derechos humanos, debido a que pretendía despojar a los propietarios de inmuebles o bienes que hubieran sido utilizados para cometer delitos, sin importar que éstos los hubieran perpetrado terceros que rentaron las casas o robaron el auto en que, por ejemplo, se secuestró a alguien.

No dictaminar la iniciativa en los términos que el Presidente pretendía motivó un enfrentamiento directo del PRI con el gobierno federal y con el entonces dirigente del PAN, Germán Martínez Cázares, quien desató una campaña mediática contra los priístas acusándolos de favorecer al crimen organizado.

Luego de ajustar la iniciativa, el 2 de abril de 2009 el Senado la aprobó, en una sesión accidentada en la que priístas y panistas estuvieron a punto de llegar a los golpes porque el coordinador del PAN, Gustavo Madero, pretendía que no se votara ese día el dictamen, ya que la Secretaría de Gobernación no estaba de acuerdo en dos artículos.

Al final, el panista Ricardo García Cervantes reconoció el esfuerzo colectivo para enriquecer la propuesta de Calderón y sostuvo que con la nueva Ley de Extinción de Dominio rompemos el espinazo del crimen organizado, quitándole los bienes producto de sus delitos, de su violencia, de su cinismo.

Cuatro meses después, el Ejecutivo promulgó la ley, que entró en vigor el 27 de agosto de 2009, pero sin que haya hecho nada con ese ordenamiento, recalcó Castro Trenti, lo que prueba –dijo– lo equivocado de la estrategia para combatir el crimen organizado, ya que no quiere pegar en lo que de verdad duele a los narcos y secuestradores, que son sus finanzas.

El perredista Tomás Torres señaló que también queda claro que el problema no es de carencia de leyes, sino de falta de aplicación de las mismas y de impunidad.

De nada sirven golpes espectaculares, como el operativo en que falleció Arturo Beltrán Leyva o la detención de otros capos de menor nivel, ya que se dejan intactas las fuentes de sus ganancias ilegales y los bienes adquiridos con ellas, recalcó Monreal.

El senador del PAN por Chihuahua, Ramón Galindo, consideró también que ha sido muy escueta la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, y es necesario aplicarla de manera enérgica, sin contemplaciones. A su juicio, deberíamos apoyarnos en la información de Estados Unidos para dar con cuentas bancarias y propiedades de narcotraficantes.