Cuando Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, en 2006, llamó a las fuerzas armadas a servir de punta de lanza. Desde entonces, 50 mil militares han instalado retenes, patrullado ciudades y cateado casas en busca de traficantes y mercancía.

Pero, conforme las dudas se acumulan sobre la efectividad de la cruzada antinarcóticos de Calderón, que a la fecha ha costado 18 mil vidas, aumentan también los riesgos políticos para el Ejército y la Armada, tradicionalmente entre las instituciones que han gozado de mayor confianza en el país.

El general brigadier Benito Medina ha indicado que los militares mexicanos no pueden triunfar por sí solos frente a un enemigo poderoso que trasciende las fronteras nacionales. Necesitamos la colaboración de la comunidad internacional, sostuvo Medina, director de educación militar en la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, en declaraciones a un diario mexicano.

En particular el Ejército es cada vez más el pararrayos para quienes dicen que la estrategia de Calderón no ha logrado contener el explosivo crecimiento de la tasa de muertes. Defensores de derechos humanos acusan a los soldados de cometer abusos con los pobladores en su cacería de traficantes. Y existe un sentimiento cada vez más extendido de que, pese al poder de fuego y los recursos del instituto armado, ha sido menos efectivo en cuanto fuerza policial.

Las manifestaciones contra la violencia impune en Ciudad Juárez dirigieron más críticas a los soldados que a los traficantes, y muchos residentes desean ver a los uniformados de vuelta en sus cuarteles. Muchos se preguntan también si los militares, desplegados ahora a lo largo de la frontera norte, resultarán tan susceptibles a la corrupción como los policías.

Si la institución fundamental de cualquier Estado, las fuerzas armadas, no pueden vencer en la batalla contra el narcotráfico, ¿qué vendrá después?, pregunta José Luis Piñeiro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es el último recurso.

Las fuerzas armadas mexicanas –Ejército, Armada y Fuerza Aérea– disponen de 250 mil efectivos y gozan de alta estima en la nación, pese a algunos indicios de deslices durante los más de tres años de la guerra contra las drogas.

Según una encuesta de Mitofsky publicada en enero, el Ejército ocupaba el tercer lugar entre las instituciones que inspiraban más confianza en México, detrás de la Iglesia católica y la educación superior. Un año antes era el primero. Otra encuesta del año pasado, de Demotecnia, mostraba que 72% de los mexicanos tenían una visión favorable del Ejército, aunque la cifra representa una caída de 11% respecto de 2007.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 3 mil 400 quejas de presuntas violaciones, incluidas torturas y detenciones ilegales, cometidas por personal militar desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió la Presidencia. Funcionarios de la Defensa afirman que la comisión sólo ha recomendado acción disciplinaria en unos cuantos casos, pero el hermético sistema judicial militar dificulta saber cómo se desenvolvieron los procesos.

Calderón ha reconocido las limitaciones de los militares. En Ciudad Juárez, donde la guerra entre cárteles ha ocasionado más de 4 mil muertes desde 2008, pese a la presencia de 10 mil soldados y policías federales, el titular del Ejecutivo federal prometió a los hastiados residentes replantear su estrategia y poner más atención en las condiciones de trabajo y de vida. Hace unos días ordenó también el retiro paulatino de los uniformados a sus cuarteles.

Aunque aún hay quienes expresan apoyo al uso de las tropas en operaciones antinarcóticos, el margen se ha reducido en los dos años pasados. La corrupción policiaca, en especial a los niveles estatal y local, hizo que muchos vieran en los soldados la fuerza más confiable para enfrentar a las bandas criminales fuertemente armadas.

La guerra a las drogas ha inflado el presupuesto militar y creado una oportunidad para que las fuerzas armadas ganen influencia. “Si vencen, serán más fuertes políticamente –comenta Raúl Benítez, especialista en seguridad nacional de la UNAM–. Y ellas creen que así será.”

Sin embargo, las muertes relacionadas con el tráfico de drogas y el fracaso del gobierno en asestar un golpe definitivo a los cárteles hacen que muchos mexicanos cuestionen la efectividad de la estrategia de militarización. Y los jefes militares, que jamás han parecido ansiosos por unirse a la guerra contra el narcotráfico, se preocupan de que pudieran acabar cargando con la culpa, señalan analistas.

Han dejado muy en claro que reciben órdenes del mando civil, indica Roderic Ai Camp, del Colegio McKenna de Claremont, especialista en el tema de las fuerzas armadas mexicanas.

Janet Napolitano irritó la semana pasada a funcionarios mexicanos, al cuestionar la efectividad de los militares en Ciudad Juárez. Sus comentarios se produjeron después del asesinato de tres personas conectadas con el consulado estadunidense en esa urbe. El presidente Calderón ha participado a fondo, incluso enviando al Ejército a Juárez. No ha servido de mucho, comentó Napolitano en una entrevista con MSNBC.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, respondió que las tropas han desempeñado un papel importante en la aplicación de la ley mientras el gobierno se apresura a limpiar y reconstruir las fuerzas policiales. Advirtió que las tropas continuarían en las calles el tiempo necesario.

Los militares han asestado algunos golpes importantes a los traficantes de drogas. En diciembre, marinos dieron muerte al capo Arturo Beltrán Leyva en una incursión en un complejo de departamentos en Cuernavaca. Un marino murió en la operación y, horas después de su publicitado funeral, cuatro de sus familiares fueron asesinados por sicarios en aparente represalia.

También han logrado la captura de otras figuras de alto perfil. Antes, a menudo los pitazos de policías corruptos permitían a los sospechosos escapar antes que llegaran las autoridades.

Los militares jamás habían tenido un papel tan prominente contra el narcotráfico. Antes se limitaban prácticamente a la búsqueda y destrucción de cultivos de amapola y mariguana; hoy investigan denuncias, recaban inteligencia, catean presuntas casas de seguridad y detienen sospechosos.

Críticos de la estrategia calderonista se quejan de que los militares nunca han sido adiestrados apropiadamente para esas tareas.

Se les coloca en una situación para la que no están preparados, y cometen errores que dañan más su imagen, considera Manuel Espino, ex presidente del PAN, y agrega que eso los pone en riesgo innecesario.

No está claro cuánto tiempo continuará el personal militar patrullando las calles como parte de la guerra a las drogas. “Nadie quiere que esta lucha se prolongue indefinidamente –declaró el secretario de la Defensa, Guillermo Galván, durante la ceremonia del Día del Ejército, en febrero–. Eso no va en interés de nadie.”

Traducción de texto: Jorge Anaya